Pugna por el control de los residuos
Empresas y consumidores han hecho frente común para bloquear la modificación de la ley de envases. Fuentes de la CEOE señalan que el precio de la recogida se podría duplicar o triplicar, tal y como está redactado el borrador, ya que se da plenos poderes a los ayuntamientos para calcular el coste de la recogida selectiva, algo que hasta ahora estaba en manos privadas.
En julio de 2006, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que iba a llevar a Consejo de Ministros la modificación de la ley de envases, para actualizar los porcentajes de reciclaje y valorización de cada uno de los materiales que se reciclan en España (plásticos, papel, metales y madera), tal y como marcaba la directiva europea en esta materia. Doce meses después, la modificación de la ley sigue paralizada y seguramente no se aprobará hasta octubre.
Este retraso podría significar que, de no entrar en el Congreso por el trámite de urgencia, sería difícilmente aprobado dentro de esta legislatura por las próximas elecciones legislativas.
El frenazo se ha producido, según denuncian fuentes de la CEOE, porque Medio Ambiente aprovechó la modificación para introducir algunos artículos, en los que cede la planificación presupuestaria de la recogida selectiva de los residuos de envases a los ayuntamientos, a los que también les otorga plenos poderes para resolver de forma unilateral los conflictos con las envasadoras y los gestores de residuos.
El texto exime a los entes locales de acudir a la mediación en caso de conflicto con las empresas
En la actualidad, la financiación de la gestión de los residuos corresponde a Ecoembes, una sociedad anónima sin ánimo de lucro participada por las empresas envasadoras, distribuidoras, recicladoras y fabricantes de materias primas. Esta sociedad, gracias a los acuerdos firmados con los ayuntamientos, controla la gestión de 42 millones de personas en el caso del contenedor amarillo y 44 millones para el papel.
Los acuerdos establecen que el ayuntamiento gestiona y financia la recogida de la basura orgánica y Ecoembes la recogida de envases a través de las cuotas que tienen que pagar las empresas por poner un envase en el mercado.
Desde la CEOE apuntan que los cambios introducidos en el borrador darían la gestión de la financiación a los ayuntamientos, 'que haría una recogida menos selectiva, iría a conseguir resultados por volumen recogido y obtendría una nueva vía para conseguir ingresos'. De lo que se quejan en la patronal es que, sin que se produjera una mejora ambiental significativa, los costes de la recogida de residuos se podrían duplicar o triplicar y éstos finalmente serán asumidos por las empresas y después por los consumidores.
Esas mismas fuentes señalan que no logran entender 'porque la gestión de un sistema montado por el sector privado, que está dando resultados tiene que pasar a los ayuntamientos y convertir a los actuales gestores en meros recaudadores'. Precisamente, Ecoembes dará a conocer esta semana el porcentaje de envases reciclados en 2006, que, según las primeras estimaciones, se situará en el 53,5%, a 1,5 puntos de lo que marca la directiva europea.
El otro punto de desencuentro entre empresas y Gobierno se centra en que el borrador excluye la figura de la interlocución en caso de desavenencia. Si antes se podía recurrir a la mediación en caso de discrepancia, con el borrador los ayuntamientos no estarán obligados a someterse a un arbitraje. 'Esto puede ser aprovechado por los entes locales para imponer costes (campañas de sensibilización, cambios en la contratación, ampliación del número de contenedores) adicionales que no supondrían una mejora ambiental'.
La tercera reclamación de las empresas se refiere a la obligación, incluida en el borrador, de crear un sistema de depósito, devolución y retorno para cada envase, cuando en la directiva europea se establece que este sistema sería de carácter voluntario. 'El borrador no convence a la distribución, por la subida de precios que supondría, y a los pequeños comercios, que no tienen capacidad para gestionar todos sus envases', apuntan desde Ecoembes.
Sin embargo, gestores y empresas están satisfechos con la receptividad mostrada por Medio Ambiente y están convencidos que finalmente se alcanzará un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
Objetivos proporcionales a resultados
Los consumidores también se han mostrado en contra de la modificación de la ley de envases, al considerar que el texto no estaba consensuado y que la subida de precios a las empresas puede suponer finalmente un aumento de los precios de los envases.Belén Ramos, responsable de Medio Ambiente de la Organización de Consumidores (OCU), señala que muchas de las medidas contempladas en la modificación 'habrían supuesto un incremento de costes que finalmente habríamos pagado los consumidores'. Por ese motivo pide que todas las medidas que se establezcan se tomen por consenso entre todos los actores representados en la Comisión Mixta de Envases (empresas, administraciones y consumidores) y que éstas vayan acompañadas de un estudio de viabilidad 'para establecer modelos de reciclaje en el que los objetivos sean proporcionales con los resultados'.Entre los comentarios enviados al Ministerio de Medio Ambiente, Ramos destaca el que se establezca la obligatoriedad de campañas de prevención, comunicación y sensibilización entre los ciudadanos. 'En el actual texto no hay unas reglas de juego claras sobre el papel de los ciudadanos. Tiene que haber un objetivo claro de información, para que el ciudadano sea consciente de que si hace un esfuerzo por reciclar, obtendrá un esfuerzo', asegura.