La SEPI trabaja ya con la perspectiva de liquidar el centro de Izar Manises
El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidirá finalmente mañana qué hacer con la fábrica de motores de Izar en Manises (Valencia). Una decisión que deberá ser ratificada posteriormente por la comisión de liquidación del grupo público de astilleros, que ya ha sido convocada para el mediodía del viernes.
Aunque oficialmente no se ha adoptado todavía una resolución en firme, fuentes conocedoras del proceso adelantaron que todo apunta a que el holding público dejará desierto el concurso de adjudicación de la planta, al que sólo concurre el grupo metalúrgico valenciano Ros Casares.
Como consecuencia, Izar Manises cerrará, ya que el grupo se encuentra en proceso de disolución al no poder hacer frente a la devolución de unos 1.200 millones de euros de ayudas recibidas que la Comisión Europea consideró ilegales.
La decisión que tome la SEPI tendrá como base el informe elaborado por Boston Consulting, la empresa que ha actuado como asesor independiente en todo el proceso de enajenación de los astilleros de Izar en Gijón, Sestao, Sevilla y Manises.
Las fuentes consultadas señalaron que la determinación de declarar desierta la adjudicación tiene que ver tanto con las dudas que despierta el plan industrial de Ros Casares para la fábrica como con la falta de garantías sobre el uso futuro de los terrenos en los que se asienta el centro, unos 200.000 metros cuadrados que se reparten los municipios de Quart de Poblet (la mayor parte) y Manises en una zona de gran desarrollo urbanístico y que son propiedad de la planta, cosa que no ocurría en el resto de factorías de Izar en venta.
En cuanto al plan de futuro, Ros ha prometido una carga de trabajo inicial valorada en 100 millones de euros y la creación de 220 empleos. Sin embargo, según los sindicatos, no ha concretado compromisos firmes de venta para los motores marinos que fabricaría la planta. Tampoco tiene garantizado el negocio que le aportaría la laminadora Brava Steel, cuyo futuro depende de que Ros se adjudique unos terrenos en Sagunto.
Garantías para los empleados afectados
Los alrededor de 130 trabajadores de la fábrica de motores de Izar en Manises contarán con las mismas garantías sociolaborales que el resto de sus compañeros en los astilleros públicos si se materializa el cierre del centro, una alternativa que no ven con malos ojos. En principio, los trabajadores podrán acogerse a prejubilaciones, bajas incentivadas o, si procede, podrán recolocarse en algún centro de Navantia.El ajuste laboral pactado entre el Gobierno y los sindicatos el 16 de diciembre de 2004, y que supuso la segregación de la actividad militar de Izar para formar Navantia y la liquidación y venta de los astilleros de Sestao, Gijón, Sevilla y de Manises, afectó a 4.028 personas y tuvo un coste de unos 1.225 millones.