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Subvención

La UE investiga si es legal una ayuda pública a La Cartuja Pickman

La Comisión Europea (CE) lanzó ayer una investigación en profundidad ante la sospecha de que la subvención pública por valor de 9,06 millones de euros concedida por las autoridades españolas al fabricante de porcelana La Cartuja Pickman, con sede en Sevilla, podría vulnerar la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado a las empresas en crisis. Si se confirma esta conclusión preliminar, Pickman tendría que devolver estos fondos.

El Ejecutivo comunitario cree que el paquete de ayudas a Pickman, en el que se incluyen créditos, garantías y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y la anulación de las deudas a la Seguridad Social, no se ajusta al comportamiento que hubiera tenido un inversor privado en condiciones de mercado normales.

'Debemos asegurarnos de que las empresas en crisis no obtengan una ayuda pública ilegal y constante sin someterse a una reestructuración necesaria que les permita recuperar su viabilidad', dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, a través de un comunicado. La apertura de una investigación pormenorizada permite a las partes interesadas presentar sus observaciones y no prejuzga el resultado, según precisó la comisión.

Pickman tiene actualmente alrededor de 140 trabajadores, y en 2005 su volumen de negocios fue de 4,28 millones de euros. La comisión inició una investigación en abril de 2006 sobre posibles subvenciones ilegales al fabricante tras recibir una denuncia de un competidor. Las ayudas se concedieron en el marco de la suspensión de pagos de Pickman a finales de 1997.

El propietario de la fábrica de loza, Emilio Portes, defendió ayer la 'absoluta legalidad' de las ayudas recibidas. Portes recalcó que nunca hubiese iniciado el proyecto de reflotar la compañía sin estar seguro de ello. Defendió que la investigación no se centra en ayudas, sino en préstamos participativos y que el importe no asciende a nueve millones, sino a 6,5: 4,7 millones corresponden a la Administración central y 1,8 millones a la Junta.

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