La CE amaga con multas millonarias por las ayudas fiscales vascas
La Comisión Europea dio ayer a España dos meses para que demuestre su voluntad de recuperar las ayudas fiscales concedidas a decenas de empresas en el País Vasco entre 1995 y 2000. Bruselas declaró ilegales en 2001 esos regímenes, conocidos como vacaciones fiscales. El Tribunal europeo confirmó su ilegalidad en diciembre del año pasado.
La administración vasca, sin embargo, se ha negado a facilitar el listado de las empresas beneficiadas y, mucho menos, a exigirles la devolución de las ayudas. El Estado español ha aducido en su defensa la dificultad de calcular unas ayudas que no se pagaron de manera directa sino como deducciones a la hora de liquidar el impuesto de sociedades.
Pero la CE, implacable con las vacaciones fiscales vascas, no acepta, de momento, esta explicación. Y Bruselas advierte que de incumplirse la orden podría presentar una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo y pedir a los jueces que impongan a España una multa potencialmente multimillonaria por desacato.
La sanción podría consistir en una suma global, de 7,38 millones de euros, como mínimo, y/o una penalización por cada día de desobediencia de 600 euros. Esta última cantidad puede multiplicarse en función de la gravedad de la infracción, la capacidad financiera del país o su peso en el Consejo de Ministros de la UE.
La CE nunca ha pedido ese tipo de sanción por un caso de ayuda de estado. Pero ya ha demostrado que con las vacaciones está dispuesta a sentar precedentes.