Delphi consulta a su matriz de EE UU la cesión de activos que le exigen los sindicatos
La reunión prevista para ayer entre Delphi y el comité de empresa de su planta en Puerto Real (Cádiz) se ha aplazado a petición de los abogados de Delphi España (DASE), ya que para abordar la cesión de los activos que exigen los trabajadores 'dependen de Estados Unidos'.
Fuentes del comité informaron de que los abogados de Garrigues le pidieron a última hora este aplazamiento, ya que dentro de la propuesta global que pretenden presentar para la fábrica 'les falta la cesión del suelo'. El suelo y la maquinaria 'no dependen exclusivamente' de DASE, una administración única creada con Gonzalo Herrera al frente a la que se acoge la planta portorrealeña, sino 'curiosamente de la resolución de Delphi a través del capítulo 11 de EE UU'.
Así las cosas, la representación legal de DASE pidió al comité 'un par de días' para concretar la cuestión de la cesión de los activos, principal demanda en las reuniones de estos días, por lo que, posiblemente, el encuentro se convoque el próximo jueves, aunque la fecha está por confirmar. Entre el 3 y 4 de julio acaban los 30 días de plazo para la consulta y negociación abiertos por el juzgado que tramita la suspensión de pagos, aunque ese plazo puede ser ampliable. En la última reunión, Delphi se negó a aplazar los despidos y a ceder cartera de clientes además de activos y el comité respondió exigiendo una contrapartida de 500 millones de euros para reindustrializar la Bahía de Cádiz, una petición que colocó el diálogo al borde de la ruptura. En la reunión que quedó suspendida ayer la empresa debía hacer su última propuesta. Por su parte, el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, consideró que la multinacional norteamericana debe llegar a un acuerdo con los sindicatos andaluces al igual que ya alcanzó un acuerdo con los de EE UU.
El consejero recordó que en estos momentos la Junta está 'como invitado' y consideró que se debe alcanzar un acuerdo entre la empresa, los trabajadores y la administración concursal, con la juez con todas las competencias. Aunque recordó que la factoría puertorrealeña 'no se ha cerrado y los trabajadores siguen cobrando sus percepciones salariales', el consejero consideró 'lógica' la actitud de los trabajadores.