Una financiación regional definitiva
El modelo de financiación autonómica que parecía definitivo en la anterior legislatura se ha mostrado superado por las circunstancias, tanto sociológicas como políticas, de los últimos años. La revisión estatutaria iniciada en Cataluña y, en menor intensidad, extendida a otras comunidades, ha elevado el listón reivindicativo de los territorios que se ha saldado con mayor cesión de cuotas de poder por parte del Estado.
Esta demanda política y financiera por las comunidades está, además, en parte justificada por la mutación radical de la demografía en España. En el país viven hoy cinco millones de habitantes más que cuando arrancó este siglo, pero su distribución no ha sido homogénea, ni mucho menos. Por tanto, el esquema financiero que se dio por bueno en la pasada legislatura se ha vuelto inaplicable, so pena de generar grandes desequilibrios en algunas regiones que han absorbido grandes volúmenes de inmigrantes.
En esta necesidad de ajuste están de acuerdo los dos grandes partidos, así como en la de elevar los porcentajes de participación territorial en los grandes impuestos estatales (el IVA, el IRPF hasta el 50% y hasta superar el 40% los impuestos especiales) tal como habían determinado Hacienda y la Generalitat catalana, además de convenir que es preciso elevar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial para eliminar desequilibrios contables.
Una vez superadas las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno estima que ha llegado el momento de iniciar la negociación definitiva sobre la financiación autonómica, y de clarificar también la de los ayuntamientos, la gran asignatura pendiente. Aunque la sociedad es muy dinámica, no parece que las demandas regionales justifiquen cesiones ulteriores de recursos más allá de las que ahora se pongan sobre la mesa. Y ha llegado ya el momento de establecer un mecanismo definitivo de financiación pública, en el que los ingresos sean responsabilidad de la Administración que los gasta para someterse al juicio electoral.