Factura y fractura
Cuando al final del ejercicio 2006 el Gobierno presentó el borrador de Decreto sobre Tarifas Eléctricas se encendió la luz roja de alarma. Los consumidores y sus organizaciones representativas temieron que se tratara del anticipo de un futuro encarecimiento del recibo eléctrico.
Para tranquilizar a los afectados, dos altos cargos muy significativos del Gobierno -probablemente los dos más próximos al presidente Rodríguez Zapatero- se encargaron de tranquilizar a los afectados. Mientras que Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación, manifestaba que 'en todo caso, el incremento se ajustará a la evolución del IPC y no restará poder adquisitivo a los ciudadanos', la vicepresidenta primera del Gobierno negaba que 'el recibo de la luz vaya a subir el próximo año más allá del IPC'.
Pues bien, no han transcurrido sino apenas seis meses, y se ha materializado una vez más la consabida Ley de Murphy, al caer la tostada en la alfombra por el lado untado de mermelada. En efecto, a pesar de la contundencia de los dos desmentidos citados, sus autores se han visto cruelmente desmentidos por la realidad. Así es, además de la subida decretada desde principios de enero (2,8%), en los últimos días el Ministerio de Industria ha anunciado que proyecta otro aumento complementario a partir del 1 de julio, aumento que oscilará entre el 1,3% y el 2,2%, según el nivel de consumo, pero que para la mayoría de hogares españoles será del 1,8%. Con él, el grueso de las familias españolas verán crecer su recibo de la luz un 65% por encima del IPC (4,8% frente a 2,8%) pese a las declaraciones de De la Vega y Moraleda. Por su parte, la tarifa industrial, la llamada G-4, crecerá un 1,9%.
El aumento de la tarifa eléctrica G-4 va a encarecer los costes de las empresas, de modo más significativo en las que realizan procesos fabriles
Las consecuencias son varias. De entrada, disminuirá el poder adquisitivo de los españoles. Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, el gasto en consumo eléctrico representa prácticamente el 0,5% del gasto de los hogares. A su vez, el ahorro medio de las familias es un 9% de su renta disponible. En consecuencia, al incumplir su compromiso y encarecer en términos reales el precio de la electricidad, el Gobierno va a hacer disminuir el ahorro familiar en casi un 4%.
Por su parte, el aumento de la G-4 va a encarecer los costes de nuestras empresas, de modo más significativo en aquellas que realizan procesos fabriles, lo que resultará nocivo para la economía española, toda vez que nuestro sector industrial se encuentra especialmente afectado por su baja productividad.
Indudablemente, sólo razones muy poderosas pueden justificar la adopción de una medida que conjuga perjuicios para todas las familias españolas, perjuicios para el conjunto de empresas consumidoras de energía e incumplimientos de compromisos previos que habían sido asumidos con contundencia. Es ahí donde la oposición política -siempre malpensada- ha querido ver la retribución de servicios prestados a compañías como Iberdrola -por su voluntad colaboracionista en la primera y fallida opa sobre Endesa-, como Acciona -por su papel en la segunda y triunfadora opa, al parecer no suficientemente pagado con el espectacular aumento del volumen de obra pública que se le ha adjudicado en los dos últimos años-, o la italiana Enel.
Pues bien, ante la correspondiente pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, el presidente Zapatero respondió de dos maneras. Primero empezó negando la evidencia, afirmando que con la subida, la tarifa eléctrica doméstica 'va en línea con el IPC'. No es fácil de asumir que para nuestro presidente crecer un 65% por encima del IPC sea ir en línea con éste. Le bastaría leer las declaraciones de su ministro de Industria, cuando al explicar la subida dijo: 'Serán momentos dolorosos', pero 'las tarifas no podían estar tan protegidas', para cerciorarse de su error. Segundo, respondió con datos muy en su línea referidos a la evolución del salario mínimo. Es decir, parafraseando a su antecesor Felipe González en su memorable cita a uno de los Marx: '¡Y un par de huevos fritos!'.
Sin duda, puede haber motivos para que nos suban el precio de la electricidad o puede no haberlos. De existir, pueden ser los que apunta la oposición o pueden ser otros. Pero la resistencia de Zapatero a reconocer la verdad, y su insistencia en querer ocultarla, revela que ni siquiera los últimos resultados electorales le han hecho ver que el crédito de un gobernante disminuye cuando se fractura la confianza entre él y la sociedad española.
Al respecto, me viene a la memoria una conversación informal habida hace unas semanas entre varios directivos del Club Estudiantes de Baloncesto. Se debatía sobre qué era peor para una institución, si tener un mal presidente o tener un presidente malo, polémica que el más veterano de los presentes zanjó diciendo: 'No lo dudéis, ambos atributos no son incompatibles. æpermil;sa es la peor opción'.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y presidente de PAP Tecnos y de EDG-Escuela de Negocios