Bruselas recuerda que España aún no ha legislado contra la corrupción empresarial
La Comisión Europea publicó ayer un informe en el que suspende a la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea (entre ellos, España) por no haber aplicado efectivamente la decisión comunitaria de 2003 contra la corrupción empresarial que insta a los países a dar naturaleza de delito a ese supuesto y a prever castigos.
Con esta decisión sobre anticorrupción en el sector privado, Bruselas se propone poner fin a una práctica que 'distorsiona la competencia destruyendo la base de la vida económica'. Pese a que en 2005 acabó el plazo para que los países legislaran contra este tipo de corrupción, muchos de ellos siguen sin incluir los supuestos en sus leyes, entre otras irregularidades. El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, expresó ayer su 'decepción' por este retraso. Bélgica y Reino Unido son los dos únicos países que han aprobado con buena nota, al considerar la CE que su aplicación de la normativa es correcta.
La norma europea es de aplicación tanto en los casos de corrupción activa como pasiva, y tanto si la corrupta es una empresa como si lo es una organización no gubernamental.
Dado que se trata de una 'decisión' comunitaria y no de una directiva, Bruselas no puede iniciar ningún procedimiento de infracción contra los Estados miembros que no la han traspuesto. La Comisión remitirá el informe al Consejo europeo para que 'los gobiernos nacionales encuentren la manera de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción en el sector privado', señaló un portavoz comunitario.
El informe de Bruselas no ha incluido a España entre los países que cumplen porque las autoridades españolas se han limitado a explicar a la Comisión que existe un proyecto de ley en preparación sobre esta materia, sin remitir ningún texto concreto ni adelantar una fecha.
El Gobierno español aprobó en diciembre pasado un proyecto de reforma del Código Penal, en el que se tipifica por primera vez la corrupción entre particulares (sin intervención de la administración pública, como se exige hasta ahora). La pena establecida se encuentra entre seis meses y cuatro años de cárcel. Sin embargo, este proyecto está aún en trámite parlamentario.