Respaldo

Aprobada sin votos en contra la nueva Ley de Administración Electrónica

A partir de 2009, fecha en la que la Ley de Administración Electrónica estará plenamente operativa, todos los ciudadanos tendrán garantizado el derecho a realizar sus gestiones por medios electrónicos, independientemente de la administración a la que competan, a través del canal que quieran, las 24 horas del día los 365 días del año. Este proyecto de ley fue aprobado ayer por el Congreso de forma definitiva sin ningún voto en contra.

Según afirmó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el Estado prevé invertir 1.900 millones de euros para desarrollar nuevo servicios electrónicos a partir de 2008. Según los cálculos efectuados por los expertos, la nueva norma contribuirá al crecimiento de la economía en más de un punto del PIB en los próximos años.

La ley reconoce el derecho a realizar las gestiones y los trámites administrativos desde donde los ciudadanos quieran, cuando quieran y a través del canal que deseen, de forma que se podrá acceder a todos los servicios por vía electrónica. Además, no tendrán que presentar la misma documentación en más de un sitio, lo que quiere decir que con que disponga de ella alguna de las tres Administraciones, ya será suficiente para realizar nuevos trámites en cualquiera de ellas, puesto que todo estará informatizado.

El ciudadano podrá también enviar documentos en soporte electrónico y utilizar estos medios electrónicos para obtener información, realizar consultas, manifestar consentimientos, efectuar pagos, realizar transacciones o proceder a reclamar. Asimismo, se podrá acceder por vía telemática el estado de tramitación de los procedimientos en los que estén involucrados.

La nueva norma establece que las decisiones adoptadas en reuniones de órganos colegiados realizadas por vía telemática tendrán la misma validez que de forma presencial.

Defensor del usuario

La ley aprobada ayer en el Congreso crea la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica. Los ciudadanos podrán utilizar todo tipo de programas y sistemas operativos, libres y en propiedad, en sus relaciones con cualquiera de las tres Administraciones.