El plan nacional para depurar aguas costará 19.000 millones
El Gobierno anunció el viernes que destinará 19.007 millones de euros en los siete próximos años para depurar las aguas residuales. De esa cantidad, el Ministerio de Medio Ambiente pagará una tercera parte para que España no sea sancionada por no cumplir lo fijado por una directiva europea.
España no depura todas sus aguas. Solo uno de cada tres grandes municipios (más de 2.000 habitantes en el interior y 10.000 en el litoral) lo hace, lo que le ha valido al Gobierno una advertencia de las autoridades comunitarias sobre posibles sanciones si no mejora las cifras del plan de saneamiento de Aguas 1995-2005.
Si ese cálculo se eleva a los 650 municipios que tienen más de 15.000 habitantes, hay 74 municipios (12% del total) que no depuran sus aguas y otros 74 que tienen las depuradoras en fase de construcción. De los grandes municipios que no depuran sus aguas, una tercera parte corresponde a Andalucía.
Para intentar mejorar esas cifras, el Ministerio de Medio Ambiente presentó en el Consejo de Ministros del viernes el nuevo Plan Nacional de Depuración de Aguas 2007-2015, dotado con 19.007 millones de euros, con el que pretende obtener más tiempo frente a las amenazas de Bruselas y completar el mapa de depuradoras en España.
En su comparecencia, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló que el plan pretende mejorar la calidad de las aguas residuales y conseguir una mejor reutilización. 'En la actualidad apenas se vuelve a usar un 13% del agua que se depura en España. Con este esfuerzo inversor de la Administración, podremos llegar a reutilizar más y conseguir que el agua se destine a otros muchos usos que no sea solo el del consumo humano'.
En la actualidad existen en España más de 2.500 estaciones de depuración de aguas residuales, que limpian unos 3.375 hectómetros cúbicos anuales de aguas residuales. De éstos, Medio Ambiente calcula que se reutilizan 450 hectómetros cúbicos al año, lo que supone ese 13%.
Convenios bilaterales
De los 19.007 millones con los que está dotado el plan, 6.300 los aportará Medio Ambiente, 'a pesar de que la depuración de aguas es una competencia que le corresponde a las regiones y a los ayuntamientos', señaló.
La ministra de Medio Ambiente desveló que las inversiones incluidas en el plan se articularán mediante la firma de convenios bilaterales, en los que el Ministerio se comprometerá a aportar el dinero y las comunidades a gestionar las infraestructuras y garantizar la vida útil de las mismas.
Las más beneficiadas por las inversiones son Cataluña, con 3.271 millones de euros, Madrid, con 2.774, Andalucía, con 2.256, y la Comunidad Valenciana, con 2.080, mientras que la que menos dinero recibirá será Navarra, con 83,8 millones, a pesar de ser la que más ha cumplido en materia de depuración.
Travase
El Consejo de Ministros autorizó el viernes el trasvase de 92 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura, de los que 62 hectómetros son para consumo humano, 10 para las Tablas de Daimiel y el resto para regadío. Los 62 hectómetros para consumo son para los 2,5 millones de personas de la Mancomunidad del Taiblilla, formada por 79 municipios de Murcia, Alicante, Albacete y Almería.
Una ley que evita reclasificar suelos protegidos
Narbona presentó también en el Consejo de Ministros la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el décimo proyecto de ley que remite Medio Ambiente a las Cortes en esta legislatura, cuyo principal objetivo es 'la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística'.La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó que este texto legislativo, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia y evitar así que pueda no cumplir los plazos con motivo de las elecciones generales, 'permitirá garantizar la conservación de la importante diversidad biológica española y de sus espacios naturales'.La parte más importante del proyecto de ley establece impedimentos para que las autoridades municipales puedan reclasificar zonas protegidas y edifiquen en zonas litorales que cuenten con algún grado de protección. El proyecto de ley se aplicará a todos los territorios incluidos en una lista de zonas de interés ecológico, denominada Red Natura 2000, que cubre el 25% del territorio. La única excepción, tal y como explicó la ministra de Medio Ambiente, se producirá cuando ese espacio 'se haya deteriorado tanto que pierda los valores que le hicieron protegido'. A juicio de Narbona, 'el proyecto evitará que haya modificaciones al servicio de intereses urbanísticos u otros', aseguró Narbona.Este proyecto de ley pretende acabar con el poder de ciertos ayuntamientos que, a pesar del veto de las regiones, tenían el poder para reclasificar el suelo. Según Medio Ambiente, las zonas urbanas entre 1990 y 2000 crecieron un 25% y la población tan sólo un 4%. Provincias como Málaga o Alicante han construido más del 50% de su línea costera en ese tiempo.