La CE impondrá la segregación de la red a las operadoras que frenen la competencia
Los reguladores nacionales podrán imponer a las grandes compañías de telecomunicaciones la separación funcional entre la gestión de la red y la división comercial cuando no exista suficiente competencia en el sector. Esa es la principal novedad del nuevo marco regulador europeo, cuyo calendario de adopción anunció ayer la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding.
La comisaria luxemburguesa, animada por su reciente victoria en la batalla sobre las tarifas del roaming, abre así un nuevo frente contra las operadoras del sector. Y advierte que, tras realizar el prescriptivo estudio de impacto durante el verano, presentará a finales de octubre sus temidas propuestas legislativas.
'Uno de los cambios previstos en esa reforma es dar a los reguladores la capacidad para imponer la separación funcional a las compañías con un poder significativo de mercado', explicó ayer Reding en un discurso pronunciado en Atenas y distribuido ampliamente por su departamento en Bruselas.
Reding quiere garantizar de este modo que las grandes compañías no impiden el acceso de otros competidores a su red. Y parece convencida de que la única manera de lograrlo es imponer la separación funcional entre red y servicios a las operadoras que obstaculicen la competencia.
Hasta ahora, sólo Reino Unido había optado por imponer una solución tan drástica a su antiguo monopolio, British Telecom. Pero tuvo que hacerlo, según precisa el departamento de Reding, mediante un acuerdo entre la compañía y el regulador 'porque el marco actual no prevé la separación'. En España, el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez, cuestionó anteayer la utilidad de la separación funcional en las redes de nueva generación.
La propia Reding reconoció ayer que existe 'preocupación por los posibles efectos negativos en la emergencia de la competencia entre infraestructuras'. Aún así, cree que permitirá atajar las prácticas discriminatorias y, a cambio, ofrecerá 'certidumbre legal' a las grandes operadoras para realizar sus inversiones a largo plazo.