Los ingresos ligados a la vivienda sustentan la financiación local
Los municipios se aferran a los tributos que gravan el suelo y la vivienda para sufragar sus necesidades de gasto.
El hecho de que haya más de 8.000 municipios desperdigados por toda la geografía nacional, con una diferencia de población abismal entre los mayores y los más pequeños, no impide que todos ellos cuenten con un nexo en común: sus dificultades para llegar a final de mes sólo con los recursos propios que generan. El modelo de financiación local actual está basado en que el Estado central aporte vía financiación directa (presupuestaria) o indirecta, un porcentaje de recursos de los ayuntamientos aún muy importante, y que oscila entre el 30% y el 70% según la población a la que se refiere. Con estas premisas y a la falta de una nueva reforma del modelo (prevista para 2008-9 y que irá ligada a la financiación autonómica) los municipios se han dedicado estos últimos años a tirar de la gallina de los huevos de oro del crecimiento económico español, que no es otra que todo lo relacionado con el boom inmobiliario.
De esta forma, los ayuntamientos han exprimido la capacidad recaudatoria en los impuestos municipales ligados a la vivienda, que son básicamente, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos (plusvalía municipal). En este último caso, el impuesto que grava las plusvalías del suelo está exprimido de media el 87%, sobre una horquilla de mínimos y máximos que fija la ley estatal de Haciendas Locales.
De hecho, ya hay 16 capitales de provincia con el tipo de gravamen al máximo permitido. Y otras 16 lo tienen por encima del 90% posible. Esta situación se repite en el impuesto de construcciones.
Las recalificaciones de suelo, parte de ellas ligadas a grandes escándalos urbanísticos (como la Operación Malaya en Marbella), también han sido objetivo prioritario de los responsables municipales de toda España, ya que de todo nuevo suelo urbano nace la posibilidad de mayores ingresos por los tributos que se le aplica al mismo.
De cara a los comicios del domingo, los candidatos a alcalde han diluido en sus programas electorales (a veces, incluso, han hecho caso omiso) cómo piensan solucionar el problema de financiación, sobre todo, teniendo en cuenta que los municipios están asumiendo, además, gasto social que corresponde a las comunidades como el derivado de la atención de mayores e inmigrantes.
Los mayores reclamos electorales pasan, entre otros asuntos, por ofrecer más gasto en vivienda protegida, en espera de la ansiada reforma de la financiación que aporte más recursos. Mientras tanto, la deuda embalsada, la mayoría en grandes ciudades, se eleva ya a 27.000 millones de euros (sobre todo, en préstamos a largo plazo). El déficit alcanza 2.000 millones (0,2% del PIB), con un presupuesto global que supera los 40.000 millones anuales.
IBI más flexible
¦bull; La llamada contribución urbana (impuesto sobre bienes inmuebles, IBI) es el principal recurso municipal. Algunos ayuntamientos obtienen de él hasta el 40% de sus ingresos tributarios. Como tal está siendo objeto de múltiples debates para su futura reforma (está supeditado a una ley estatal que fija mínimos comunes). De hecho, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) está negociando con el Ministerio de Hacienda fórmulas para poder cobrar este impuesto según el 'valor real' de los inmuebles y no en función del catastro, desfasado. Esta posibilidad aumentaría el potencial recaudatorio de los municipios en los próximos años.¦bull; Telefónicas. Otra medida que están estudiando los municipios es elevar la cuantía de las tasas que cobran a las compañías telefónicas por los repetidores de móviles y el uso del espacio radioeléctrico. Otra vía de mayor financiación es elevar el porcentaje que tienen sobre impuestos estatales. Por ahora es mínimo: se encuentra entre el 0,9% y el 1,7% en el IRPF, el 1,8% y el 1% en el IVA, y entre el 1,2% y el 2% en los impuestos especiales.¦bull; Viviendas vacías. El Gobierno central ha renunciado a fijar una norma común estatal que penalice a los propietarios de viviendas vacías. La razón estriba en lo difícil que es definir qué es una vivienda desocupada. Pese a ello, algunos municipios y comunidades autónomas se afanan en elaborar normas que saquen al mercado miles de viviendas.