La juez admite a trámite el ERE presentado por Delphi

La juez del Juzgado de los Mercantil número uno de Cádiz, Nuria Orellana, ha dictado un auto en el que acuerda la admisión a trámite del expediente de extinción colectiva de relaciones laborales presentado por Delphi dentro del proceso concursal en el que está inmerso su planta en Puerto Real (Cádiz).

Según el auto ahora se convocará a la administración concursal y a la representación de los trabajadores a un período de consultas, cuya duración no será superior a 30 días naturales. En este sentido, la juez añade que se estima procedente dotar al periodo de consultas de cierta flexibilidad, a fin de que puedan intervenir no sólo la administración concursal y los representantes de los trabajadores, sino también la concursada y otros agentes sociales y administraciones públicas.

Asimismo, indica que las partes deben negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo, permitiéndose la intervención de la concursada, las administraciones públicas y agentes sociales en el periodo de negociación, a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

El ERE afectará a la totalidad de la plantilla de la empresa, según consta en los antecedentes de hecho del auto. Además, afirma que la empresa presentó un Plan de Acompañamiento Social en el que se incluyen dos medidas que podrían implicar la continuidad de parte de la plantilla, enmarcadas en la voluntad de la sociedad de no entrar en liquidación.

Así, una de las medidas sería la cesión parcial de activos que permita la continuidad del empleo a través de la reindustrialización y otra el compromiso de analizar y debatir con la representación social las circunstancias en las que podrían desarrollarse ciertas actividades residuales de carácter no industrial.

Plan social

Por su parte, la juez no entra a valorar el contenido del Plan Social presentado por la empresa, dando simplemente por cumplido el requisito de presentación que tiene la Ley Concursal, ya que ese Plan deberá ahora negociarse entre las partes.

En cuanto a las medidas presentadas en el Plan, se encuentra como primera de ellas las indemnizaciones, que parten de la mínima legal para el despido por causas económicas -20 días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades-, aunque la empresa reconoce que es escasa y manifiesta la voluntad del accionista de proporcionar los fondos, si bien añade que propone otras medidas alternativas y complementarias.

Por otra parte, dentro del Plan Social contempla medidas complementarias con el fin de potenciar el tejido empresarial en la zona o ámbito geográfico de la Bahía de Cádiz, incluyendo ahí la cesión parcial de activos condicionada a que se permita la continuidad del empleo a través de la reindustrialización de la zona, así como a que como consecuencia de la cesión parcial el concurso no derive en liquidación y a que no se perjudiquen los derechos legítimos de los acreedores.

No obstante, sobre esta medida la juez advierte en el auto que la Ley Concursal no permite los llamados convenios liquidativos, sin perjuicio de que pudiera llegar a articularse mediante alguna fórmula legalmente admitida por la legislación concursal.

Otra medida recogida en el Plan social presentado consiste en favorecer la reinserción laboral, así como incluir un servicio de 'outplacement' para la plantilla, para facilitar la reindustrialización y recolocación de los trabajadores afectados.

El 'outplacement' consiste en dar una asesoría en el proceso de desligamiento de la organización de sus colaboradores. Se puede definir como el conjunto de técnicas para reubicar trabajadores cuando por fusiones, adquisiciones y reestructuraciones hay que prescindir de parte del personal. La intención de esta técnica es reorientar a los trabajadores para facilitarles una positiva reinserción laboral y que no se vea afectada su reputación en el mercado de trabajo ni su vida familiar.

Finalmente, en el plan presentado también se encuentran como medidas un servicio de 'Antena de empleo' para facilitar la recolocación, así como la contratación de los trabajadores por otras compañías de la industria automotriz.