El Ejecutivo financiará auditorías a 350.000 explotaciones agrícolas
La Ley de Desarrollo Rural introduce la figura del contrato territorial de explotación, que comprometerá al Ejecutivo a financiar auditorías con carácter voluntario a 350.000 agricultores y ganaderos (cuya renta depende en exclusiva de su trabajo) para evitar el abandono de las zonas rurales.
El Gobierno no está dispuesto a que los 14 millones de personas que viven en el medio rural, que ocupan el 90% del territorio español, acaben abandonándolo por falta de medios y oportunidades. Con esa intención, el Ejecutivo aprobó el pasado 27 de abril el proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, cuya principal novedad es la introducción de un contrato territorial de explotación, que vinculará a la administración pública y al agricultor mediante la firma de un compromiso plurianual que obligará a la renovación y mejora de la explotación.
La intención del Gobierno es acabar con los viejos vicios del campo español, ya que no está dispuesto a que se perpetúe la imagen del agricultor o el ganadero que cubre sus necesidades básicas con las ayudas que recibe anualmente, mientras su explotación languidece ante la falta de dimensión, la gestión deficiente de los recursos o los problemas de comercialización.
Por ese motivo ha desarrollado la figura del contrato territorial, que hará las veces de plan de negocio de la explotación y tendrá que contar con su visto bueno. Todo agricultor o ganadero que desee (el contrato será voluntario en una primera fase) mejorar la competitividad y optimizar los recursos de su explotación deberá ponerse en contacto con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) de su zona, que serán las encargadas de asesorarle y realizar un análisis previo de los problemas de cada explotación, que será financiado por la Administración Pública.
Plan de explotación
Posteriormente se realiza un plan de explotación, en el que se detallará el programa de acción y las ayudas (26 líneas para el desarrollo rural) a las que pueda optar el propietario mientras dure el contrato. Esa auditoría se verá en el Consejo de Desarrollo Rural, en el que participan las administraciones central, autonómicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que aportará comentarios y objeciones.
Llegados a este punto, ambas partes firmarán el contrato de explotación, en el que los agricultores se comprometerán a seguir paso a paso lo firmado en el contrato (que durará entre 4 y 6 años), mientras que la administración les garantizará el dinero comprometido en las ayudas y el seguimiento de que todas las prácticas recogidas (inversión, contratación o empleo) se cumplen.
Según José Luis de Miguel, responsable del Departamento de Política Agraria de COAG, este contrato, cuya puesta en marcha está a la espera del desarrollo reglamentario, afectará a unos 350.000 titulares de explotaciones, que dependen en exclusiva de los beneficios que obtenga de ella. Según sus estimaciones, unos 100.000 beneficiarios, que corresponden a las zonas rurales prioritarias (menos de 20.000 habitantes y una densidad de población menor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado) estarán dispuestos a firmar un contrato de estas características.