Las quejas de los españoles inundan Estrasburgo
España encabeza el ranking de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo europeo
El nombre de Granadilla difícilmente se olvidará en la oficina del Defensor del Pueblo europeo en Estrasburgo. La construcción de un puerto en ese pueblo de Tenerife provocó el año pasado una avalancha de más de 5.000 quejas ante el ombudsman de la Unión Europea. Nikiforos Diamandouros, que ocupa el cargo desde 2003, optó por abrir una investigación sobre la conducta de la Comisión Europea en tan polémico expediente. Esfuerzo baladí porque, según explica la oficina del Defensor, poco después 'decidimos archivar el caso dado que las reclamaciones no se habían presentado en el momento procedimental adecuado. Eran prematuras'.
El correo masivo de Granadilla, sin embargo, no es ninguna excepción. Una de cada cinco quejas recibidas durante 2006 por el Defensor europeo procedían de España, según el informe anual presentado ayer en Bruselas por Diamandouros.
España supera con creces a países mucho más poblados como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Y eso que, para evitar que se distorsionen las estadísticas, el Defensor reconoce que sólo computan las 11 primeras quejas sobre un asunto. De no ser así, las de Granadilla superarían el total de las recibidas desde los otros 24 países de la Unión (3.830).
La beligerancia de los españoles contra las instituciones comunitarias contrasta con la aparente indiferencia de países mucho más euroescépticos, como Reino Unido o Dinamarca. Ni siquiera Suecia, país que inventó en 1809 la figura del ombudsman, parece muy consciente de la presencia de un Defensor en Estrasburgo
Diamandouros no tiene ninguna explicación científica para este fenómeno. Pero aventura dos posibles razones. 'Una es que España dispone de un sistema de ombudsman con mucho éxito, tanto a nivel nacional como en varias regiones. La otra, que esos defensores son muy activos'.
La fe española en Estrasburgo también inunda la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano encargado de atender las demandas de empresas y particulares. En un reciente informe sobre la actividad de ese foro entre 2004 y 2005, el ponente, Michael Cashman, subrayaba que 'la Comisión 25 europarlamentarios es ya demasiado pequeña para atender la creciente demanda'. Y España contribuye en gran medida a esa peligrosa saturación, con un número de peticionarios que en 2004 superaba a los de Francia o Reino Unido.
A pesar del alud procedente de España, las dos instituciones defienden a sus principales clientes y descartan que se pueda calificar de 'abuso' el desmedido recurso de los españoles a sus servicios. Un portavoz de la Comisión de Peticiones sólo guarda como mal recuerdo un bombardeo masivo por una campaña de defensa del galgo. Los españoles descontentos, savia que nutre los dos organismos, incluso pueden provocar roces entre ellos. En la Comisión, por ejemplo, no gustó que el Defensor se inmiscuyese en el caso Granadilla, un expediente que ya se había abordado en el foro parlamentario.
Diamandouros, consciente, tal vez, de que la rivalidad puede arreciar, busca ya alternativas para ampliar su parroquia. 'Ahora sólo recibo un 5% de quejas de empresas, asociaciones u ONG', lamentó ayer. 'Estoy convencido de que hay muchas más que probablemente tienen problemas con la Administración de la UE'. También en ese terreno España asume la vanguardia. O2, filial de Telefónica, es la primera empresa que ha recurrido ante el Defensor por un caso de competencia. 'Es una excepción a la que doy la bienvenida', celebra Diamandouros el nuevo filón.