El Consejo de Estado ve seguridad jurídica en el decreto de renovables
El Consejo de Estado consideró, en su dictamen sobre el proyecto de nuevo marco normativo del Régimen Especial (energías renovables y cogeneración), que el nuevo marco no vulnera el principio de seguridad jurídica, aunque 'hubiera sido conveniente que se hubiera incorporado (...) un informe relativo a las repercusiones económicas concretas de la nueva norma sobre los distintos tipos de instalaciones'.
'El Consejo de Estado coincide con el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y con el Abogado del Estado de la Asesoría de Industria y Energía en que el proyecto que se consulta no vulnera dicho principio constitucional', afirma el dictamen del órgano consultivo, fechado el pasado 26 de abril, al que tuvo acceso ayer este periódico.
El dictamen afirma que la norma examinada 'no pretende alterar radicalmente el vigente sistema de retribución del régimen especial ni abolirlo' sino que va dirigida 'a consolidar el sistema, restaurando su equilibrio'.
El texto, sin embargo, indica que, descartado este reproche, 'no cabe desconocer la significación que en materia de política económica tienen las observaciones desfavorables para el proyecto que se contienen en el informe' de la CNE.
El Consejo añade la omisión en el proceso de informes de los ministerios de Economía y Medio Ambiente 'dada la importancia del proyecto en política económica y la relevancia para el medio ambiente del fomento de las energías renovables'. El órgano consultivo afirma que el proyecto 'ha sido elaborado con arreglo al procedimiento establecido'.
A raíz de este dictamen, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) pidió ayer al Ministerio de Industria que 'retome las negociaciones' sobre este nuevo marco para las energías renovables y cogeneración 'tras los dictámenes de la CNE y del Consejo de Estado'.
A este respecto, la patronal eólica reclama que el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, 'cumpla el compromiso de reanudar la negociación con AEE una vez recibido el dictamen del Consejo de Estado'.
La asociación considera que está pendiente garantizar la no retroactividad de las revisiones futuras de la prima, que ha quedado excluida de la previsión que se hace en el artículo 44.3 para la tarifa regulada, y los límites superior e inferior a las primas que incorpora el proyecto del nuevo decreto.
También reclama alcanzar un acuerdo sobre el importe de la prima, ya que hay una diferencia de tres euros por MWh (megavatio por hora) entre la propuesta del Ministerio y la última petición del sector eólico.