COLUMNA

Elecciones de mayo: ¿la economía, estúpidos?

Es conocida la anécdota sucedida en el seno del equipo electoral de un candidato a la presidencia de EE UU. En medio de un debate destinado a elegir el tema que debía constituir el eje de su mensaje electoral, uno de los presentes espetó a los demás: ¡la economía, estúpidos, la economía! Finalmente, el candidato resultó ganador en las elecciones. Desde entonces, la anécdota se ha convertido en la prueba más frecuentemente esgrimida por los que consideran que la variable económica juega un papel relevante en las decisiones de los electores.

El ámbito territorial de nuestra cita electoral del 27 de mayo determina que sean las cuestiones económicas de carácter local y regional las que ocupan y preocupan a los partidos y candidatos. En estas semanas preelectorales en las que el ritmo de la campaña aumenta progresivamente conforme se aproxima el sprint final, es perceptible el diferente enfoque empleado por los que ya están gobernando y por los que aspiran a hacerlo. Los primeros ponen el acento en presentar el balance de su gestión con la evidente ventaja que proporciona la experiencia de gobierno. Los segundos se esfuerzan en ofrecer multitud de propuestas, intentando atraer la atención y provocar la ilusión de los electores. Para ellos el riesgo es caer en el descrédito, pozo en el que ha caído Rafael Simancas, empeñado en anunciar permanentemente y de modo obsesivo el gratis total de todo y para todos.

Posiblemente la política tributaria sea una de las cuestiones donde resulta más nítida la diferencia entre unas y otras opciones. En este sentido, hay Gobiernos autonómicos que utilizan la competencia fiscal de la que disponen para aumentar la presión fiscal, recurriendo incluso a la creación de nuevos impuestos. Hay varios ejemplos: el Gobierno extremeño de Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el anterior Gobierno multipartito balear de Francesc Antich, con su desafortunada idea de la tasa ecológica. Otros Gobiernos autonómicos, recelosos de la competencia que representan las reducciones fiscales de algunas comunidades, plantean propuestas para limitar la autonomía fiscal -es el paradójico caso del tripartito catalán de José Montilla-. Finalmente, existen Gobiernos que han apostado decididamente por utilizar su capacidad normativa tributaria para rebajar la carga impositiva de los contribuyentes de su comunidad. El caso más conocido, ventajas de la capitalidad, es el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre.

Sin embargo, siendo menos conocido, presenta especial interés la experiencia fiscal seguida por el Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha impulsado una política tributaria moderna, muy en la línea del espíritu Rato-Montoro, que conjuga la moderación fiscal general -en Castilla y León, la presión fiscal en los tributos cedidos es un 25% inferior a la media nacional- con la utilización inteligente de los incentivos fiscales. Valga una muestra: las condiciones de esta comunidad -multitud de pequeños municipios, diseminados por su extenso territorio limítrofe con otras comunidades ricas…- generan el riesgo evidente de la despoblación rural. Para combatirlo, el Gobierno de Herrera ha implementado inteligentemente una serie de medidas tributarias debidamente articuladas -en el IRPF, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones- que favorecen e incentivan significativamente la adquisición de la primera vivienda por los menores de 35 años en los pequeños municipios alejados de los grandes núcleos urbanos.

Avanzando en la misma dirección, el pasado 19 de abril, en Burgos, Herrera ha desgranado los siguientes pasos a dar, entre los que merece destacarse dos. De una parte, la reducción de un punto porcentual en el tipo impositivo del IRPF, con lo que todos los contribuyentes de Castilla y León verán disminuir su factura fiscal. De otra, la eliminación de la tributación en el Impuesto sobre Donaciones de la transmisión inter vivos de la empresa familiar, como medio de favorecer el establecimiento y la continuidad de las mismas, intensificando así su contribución a la expansión de la economía regional.

Sin duda, una política fiscal como la apuntada, integrada en una política económica adecuada del Gobierno regional, está resultando notablemente eficaz para Castilla y León. Son múltiples las consecuencias positivas derivadas. El PIB regional creció un 3,7% en 2006, habiéndose creado 108.000 nuevos puestos de trabajo. El dinamismo empresarial logrado en Castilla y León queda reflejado en los últimos resultados del IVA publicados por la Agencia Tributaria, según los cuales el valor añadido por las empresas castellanoleonesas está creciendo al 9,4%, notablemente superior a la media de las empresas españolas (5,6%). Con todo ello se ha conseguido aumentar el grado de bienestar de los ciudadanos, que es el auténtico reto de todo gobernante. La prueba de ello es que con los datos del último ejercicio, Castilla y León ha conseguido ¡por fin! Invertir su secular tendencia de pérdida de población, habiendo aumentado en 33.000 el número de sus habitantes.

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y presidente de PAP Tecnos y de EDG-Escuela de Negocios