El Gobierno autoriza a Enel a ejercer sus derechos sobre el 24,9% de Endesa
El Consejo de Ministros autorizó hoy a Enel a ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa, pese a contar con participación pública, aunque obliga a la eléctrica italiana a informar al Gobierno sobre los aspectos de su estrategia corporativa que afecten al interés público.
La decisión fue anunciada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), aprobado el pasado 19 de abril, recomendó al Gobierno condicionar la autorización a Enel a la implantación de un derecho de veto para proteger los intereses públicos españoles.
La vicepresidenta señaló que, tal como aconsejó la CNE, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio decidió retirar esta restricción del 3% a Enel en el ejercicio de los derechos de voto por ser una empresa extranjera con capital público, pero garantizando que la entrada de Enel en Endesa no perjudique los intereses nacionales, que son los de mantener la calidad del suministro o que no se pongan nunca en riesgo las inversiones definitivas.
A preguntas de los periodistas sobre esta laxa resolución, De la Vega defendió la imposición de esta única condición en que el Gobierno ha hecho lo que cree correcto, y apuntó que la normativa europea permite al Ejecutivo intervenir, pero para garantizar lo fundamental, que es, en su opinión, "proteger los intereses esenciales de seguridad pública" en España.
Decisión acorde con la normativa comunitaria
Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno se escudó en "la libertad que establece la normativa comunitaria" para justificar que no se tengan en cuenta el resto de recomendaciones de la CNE, donde destaca que el Gobierno tengo poder de veto sobre las decisiones de Enel en Endesa. "El resto no lo hemos considerado adecuado porque creemos que debe funcionar la libertad que establece la normativa comunitaria", dijo.
Esta autorización de eximir a Enel de la norma conocida como ''Ley Rato'' que restringe al 3% el peso político de las empresas extranjeras con capital público en compañías españolas estrategicas, tan sólo reconoce el ejercicio de derechos políticos hasta el 24,9% y no exime a Enel de su obligación de comunicar en un futuro la adquisición de acciones por encima del citado límite.
De esta manera, tiene que informar a la Secretaría General de Energía acerca de su estrategia corporativa en el caso de que desaparezcan las restricciones a los derechos políticos presentes en los Estatutos de Endesa, fijados en el 10%, o bien en el caso en que, de cualquier forma, Enel entre a formar parte del consejo de administración de la eléctrica española. Dicha notificación debe efectuarse con carácter previo a la ejecución de las decisiones y acuerdos.
Para tomar esta decisión el Gobierno, tras valorar la operación y teniendo en cuenta el informe de la CNE al respecto, ha tenido en cuenta "la necesidad de impulsar una política energética que sea consecuente con las directrices de la Unión Europea en lo referente a la eliminación de las trabas a la libre circulación de capitales", así como la obligación de "garantizar el suministro de la energía a los ciudadanos".