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Columna
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La función Conthe

La crisis desatada en la CNMV y la polémica dimisión de su presidente, Manuel Conthe, han abierto el debate sobre el régimen de este tipo de organismos. Los autores analizan el proceso y los problemas detectados, así como las consecuencias que se pueden extraer para su solución.

El martes, día 24, habían puesto encabezando los carteles de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados un nombre, que no era el de Francisco Alegre sino el de Manuel Conthe, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para entendernos en adelante la cenemeuve. Su anuncio conmovió a los aficionados, que agotaron el papel. Había un lleno hasta la bandera con gran aparato periodístico. Como en las grandes ocasiones, aparecieron muchos de los que sólo se dejan caer por sus localidades cuando vienen las figuras. El diestro había caldeado los corrillos porque anunciaba su retirada. Además Conthe rebasó el ámbito de actuación de los espadas y sus apoderados al empeñarse en sustituir al empresario del coso e imponer su contratación en esta feria.

El presidente de la cenemeuve había sido designado por el Gobierno, pero sólo parecía dispuesto a consumar su dimisión si se le daba estado parlamentario. El presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Gutiérrez, defendía el fuero del Congreso y su autonomía para convocar las sesiones y fijar el orden del día y el procedimiento. Por fin se encontró una fórmula que salvaba la cara de todos: Conthe iría al Parlamento a presentar la memoria del ejercicio 2006, todavía pendiente, y así podría presentar los argumentos que le inducían a dimitir, trámite que debería sustanciar ante la misma instancia que le había designado.

Su faena estuvo lejos de suscitar entusiasmos. Fue objetada tanto en los tendidos de sol, que abarrotaban los del Partido Popular, como en los de sombra, ocupados por los del PSOE.

No se escucharon las verdades del barquero a base de denuncias sobre presiones inaceptables del Gobierno

Ni escuchamos las verdades del barquero a base de denuncias sobre presiones inaceptables procedentes del Gobierno, que fue exonerado para disgusto de los peperos, ni dejó el diestro de lanzar puyas muy medidas a propósito de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, ubicada en Moncloa.

Hablaba Conthe en su segundo turno para dar respuesta a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Prefería un léxico abstracto con invocaciones al positivismo jurídico y al riesgo que esa senda supone como pretexto para la inacción. Defendía la miopía, que permitía centrar el foco de la cenemeuve sobre los términos de las opas y la protección de los accionistas. Argüía a favor de la indiferencia que le correspondía mantener ante la nacionalidad de los oferentes. Reconocía que las perspectivas de los responsables de la política energética nacional podían ser otras pero indicaba que sus responsables se encontraban en otros lugares muy distintos del organigrama del Estado.

Sostenía Manuel Conthe la solvencia de las bases para incoar expediente a Enel y Acciona y negaba la legitimidad de intentar hacer por obligación aquello que no se tiene como derecho. Era escuchado con atención pero suscitaba perplejidad y nadie se sentía ni complacido ni desautorizado. Enseguida se investía de su condición de funcionario público curtido en la dificultad, que sabe distinguir entre sus últimos deberes con el Estado y los respetos debidos a los gestores accidentales del Gobierno, y advertía cómo en caso de abierta discrepancia entre ambas referencias se impone inclinarse por la prevalencia indudable de los primeros. Luego vino lo del código impulsado por la cenemeuve y sobre el grado de su aplicabilidad analógica que debería tener para el caso personal de Conthe. Así que la sesión del martes acababa por llevarnos de la mano a los planteamientos recogidos en el volumen titulado La Administración pública que España necesita, asunto al que acaba de dedicar su último Libro Marrón el Círculo de Empresarios.

Se trata de una iniciativa muy interesante porque los empresarios, obligados a reflexionar sobre el rendimiento de sus empresas, buscan métodos para extender esa reflexión al ámbito de las Administraciones públicas. Un ámbito que, como subraya Eduardo García de Enterría en su prólogo, por razones sociológicas bien conocidas -entre otras la falta de estructuras competitivas- tiene tendencia a la inercia y al puro continuismo. ¿Daremos con fórmulas para medir la eficiencia y mejorar la rendición de cuentas al ciudadano?

Miguel Ángel Aguilar. Periodista

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