Los farmacéuticos rechazan que los híper vendan medicinas
Los farmacéuticos españoles creen que la entrada de la gran distribución en su negocio haría peligrar el modelo actual y podría dejar sin farmacias a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Aseguran que primaría la concentración frente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos.
Los farmacéuticos no quieren quedarse de brazos cruzados frente a la liberalización del sector y la entrada en él de la gran distribución. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia presentaron ayer en Madrid un informe donde resaltan los beneficios que supone el modelo actual en contraposición al que califican 'sistema de concentración' de las grandes superficies.
'Consideramos necesario, ante el momento de tensión que vive el modelo farmacéutico y la presión por parte de Europa, abrir un debate sobre las consecuencias que tendría el nuevo modelo para los ciudadanos y para la Administración', apuntaba la presidenta de FEFE, Isabel Vallejo, en referencia al porqué del informe, realizado por la consultora Gladius Real Estate.
Con él pretenden hacer frente a las exigencias de la Unión Europea, que hace casi un año exigió a España que suprimiera las restricciones a la apertura de farmacias y criticó las limitaciones de aperturas tanto por población (no más de una farmacia por cada 4.000 habitantes) como por ubicación (la existencia de una distancia mínima de 250 metros entre cada establecimiento).
Según los farmacéuticos, la entrada de la gran distribución pondría en peligro la existencia de farmacias en municipios de menos de 5.000 habitantes debido, aseguran, a que las grandes superficies apuestan por la concentración en urbes de mayor tamaño.
Además, consideran que se pondría en peligro la capilaridad de las farmacias españolas y destacan que actualmente el 99% de la población española dispone de una botica en su propio municipio. 'Hoy la oferta de las farmacias se adapta a las necesidades de los consumidores pero con los grandes grupos de distribución son los consumidores los que se tienen que adaptar a su oferta', aseguró la presidenta de FEFE.
Además, afirman que los pensionistas serían los más afectados, ya que los consumidores podrían verse obligados a pagar a las grandes superficies el 100% del precio de cada medicamento y solicitar después la devolución del importe a las Administraciones. Respecto a éstas, FEFE cree que las comunidades autónomas perderían sus competencias en cuanto a ordenación, ya que no podrían establecer limitaciones a la proximidad entre despachos.
Afirman que el 99% de la población dispone de farmacia en su municipio