Las comunidades deberán alcanzar un superávit fiscal del 0,25% el año próximo

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están representados el Gobierno central y los regionales, acordó ayer que las comunidades autónomas alcancen un superávit fiscal del 0,25% del PIB el próximo año.

La recién estrenada Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que las administraciones públicas deben adecuar sus objetivos fiscales a la evolución del ciclo económico, de forma que tiendan al superávit en época de bonanza como ahora, y se permita un cierto déficit cuando el crecimiento del PIB sea inferior al 2%.

Después de escuchar a varios consejeros de Economía y Hacienda regionales sus alegaciones sobre el incremento de gasto público en cada uno de los territorios debido, sobre todo, a las fuertes necesidades sanitarias, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, puso sobre la mesa ayer una propuesta de 'equilibrio fiscal', a conseguir por las comunidades para los próximos tres años (2008-10).

La propuesta, que fue aprobada por mayoría (con la abstención de alguna comunidad gobernada del PP), indica que el conjunto de las comunidades deberán lograr un superávit fiscal del 0,25% del PIB en 2008.

Se trata de la primera vez que en el Consejo de Política Fiscal se acuerda un objetivo de superávit para las comunidades.

Sin embargo, la propuesta contempla también la posibilidad de que éstas puedan incurrir en un 'déficit por inversiones', según permite también la Ley de Estabilidad Presupuestaria, reformada el pasado año. Este déficit por 'actividades productivas' podrá llegar al 0,25% del PIB regional en 2008. Con ello, según reconoció Solbes la 'resultante final' será en términos agregados para todas las comunidades una situación de estabilidad o ligeramente superavitaria'.

Esta situación sirvió a algunos consejeros autonómicos del PP para calificar de 'trampa' lo acordado ayer. 'El 0,25% de superávit regional que quiere vender Solbes a la opinión pública no es real; la realidad es una situación de equilibrio fiscal al descontar las inversiones productivas que se permiten', avisó Gerardo Camps, consejero de Hacienda valenciano.

El Estado central sí está obligado por ley a obtener superávit presupuestario (sin descontar un déficit por inversiones) si la economía crece por encima del 2%, como así ha ocurrido ya en 2006.

El acuerdo, adoptado ayer por el CPFF, se produce en el momento en el que las comunidades han moderado su endeudamiento. Aunque en términos absolutos éste alcanzó 57.690 millones de euros a final de 2006, en términos relativos han recortado su ratio del 6,1% al 5,9% del PIB. La Comunidad Valenciana es de largo, el territorio más endeudado con un ratio que llega al 11,4% del PIB, seguido de Cataluña (7,7%).

Por otro lado, algunas comunidades hicieron saber a Solbes su 'preocupación' por la financiación de la Ley de Dependencia, que debe ser atendida por ellas y por el Gobierno central.

Algunas avisaron de que esa carga financiera puede llegar a ser 'insostenible' si el Gobierno aprueba incrementos adicionales de gasto, a pagar por ellas. La situación se debatirá en próximas reuniones.

Definición generosa para el cálculo de inversiones

La reunión del Consejo ayer sirvió también para definir qué se entiende por inversión productiva, básico para incluirla en el 'déficit inversor' permitido a las regiones en 2008.La definición fija un concepto amplio en el que se incluye las inversiones en infraestructuras de redes de transporte, las hidráulicas, los equipamientos de carácter energético y telecomunicaciones o industriales, la inversión en formación de capital humano y la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Incluirá también, según Solbes, las que tengan 'carácter medioambiental'.No obstante, al menos un 30% de la financiación de estas inversiones deberá correr a cargo del ahorro bruto de la comunidad autónoma en cuestión.Hay otro límite inversor: el volumen de deuda. Las comunidades cuyo ratio de deuda supere a la media nacional no podrán incurrir en un 'déficit de inversiones' si ello implica un incremento de deuda o sobrepasar los niveles de deuda de 2006.