Los empresarios recelan de la eficacia de la Ley de Dependencia
La Ley de Dependencia ha generado unas expectativas de prestaciones en la sociedad española que no se podrán cumplir por la falta de 'mecanismos explícitos de financiación'. Esto es lo que opinan, al menos, la mayoría de los expertos y empresarios preguntados por la consultora PricewaterhouseCoopers.
Las comunidades autónomas podrán comenzar a evaluar los grados de dependencia de las personas que se lo soliciten probablemente esta semana.
Sin embargo, la gran mayoría de un grupo de 346 expertos y empresarios consultados por el Consenso Económico de PricewaterhouseCoopers (PwC), aseguran que esta nueva norma ha generado unas expectativas entre los afectados que no se van a poder cumplir por la falta de financiación pública.
Aunque nueve de cada diez de estos expertos considera que la Ley de Dependencia -que generará un derecho de asistencia a las personas que no pueden valerse por sí mismas- es 'muy necesaria', al mismo tiempo, el 89% cree que la norma no ha resuelto satisfactoriamente la articulación financiera del sistema entre el Estado y las comunidades autónomas.
Este grupo reprocha que 'no haya un plan financiero de las comunidades autónomas, a pesar de que la ley de dependencia indica que deberán aportar una cantidad equivalente a la de la administración central'.
De hecho, el Gobierno ha presupuestado una inversión progresiva hasta el año 2015 de 26.000 millones de euros, que se repartirán al 50% entre el Estado y las autonomías.
Pero la mayoría de las comunidades no están de acuerdo, ni mucho menos, con la cantidad que va a aportar el Estado para costear la atención a los grandes dependientes, que es la única parte de la financiación que se han sentado a negociar, ya que la implantación de la ley será progresiva y este año sólo afectará a dicho colectivo, formado por unas 200.000 personas.
Si bien los expertos que han participado en este informe reconocen que 'la articulación del sistema con las comunidades autónomas es muy complicada'.
Por ello, advierten que el 'el hecho de no haber cerrado la participación financiera de las autonomías y las corporaciones locales acabará desembocando en dotaciones adicionales de fondos de estas administraciones al Estado'.
Previsiones erróneas
Así, prácticamente la totalidad de los entrevistados creen que las previsiones presupuestarias del Gobierno -que estiman que en 2015, cuando esté implantado todo el sistema, su coste ascenderá al 1% del PIB- son más que escasas. Y, además, auguran que después de esa fecha 'el aumento presupuestario deberá ser mucho mayor, dado el envejecimiento esperado de la población'.
El informe elaborado por PwC indica, por ejemplo, que la ley debería haber diseñado 'mecanismos explícitos de financiación', y ponen como ejemplo la experiencia de otros países europeos, donde existen sistemas de seguro público en el que las personas cubiertas aportan cotizaciones específicas a la Seguridad Social por la contingencia de dependencia.
Asimismo, nueve de cada diez de estos empresarios creen, en mayor o menor medida, que la participación del sector privado de aseguramiento de la dependencia 'debería haber ocupado un lugar más destacado en el marco de la financiación establecido por la ley'.
Además, este colectivo sugiere que podría haberse articulado un conjunto de incentivos fiscales a los seguros privados de dependencia, más allá de los establecidos, como vía para fomentar su desarrollo, al menos en su fase inicial.
Otra de las consideraciones del 45% de los consultados es que los hogares españoles poseen 'un apreciable patrimonio inmobiliario que debería aplicarse a la financiación de la dependencia' mediante productos financieros como la hipoteca inversa u otros similares. Aunque esta afirmación sólo es compartida en parte por un tercio de los expertos y casi un 20% está 'en desacuerdo totalmente'.
El panel de expertos también critica que 'un sistema de coordinación con tantos agentes e instancias y con un marco de financiación tan abierto como el que presenta la ley está llamado a crear numerosos bloqueos, duplicidades y agravios comparativos' entre las distintas comunidades.
Críticas a la última reforma de las pensiones
El Gobierno considera que la reforma de la Seguridad Social pactada en julio pasado con empresarios y sindicatos es uno de los mayores logros de la legislatura. Sin embargo, esta opinión no es compartida por el panel de expertos y empresarios que conforman el Consenso Económico de PricewaterhouseCoopers, ya que menos del 5% de los 346 consultados creen que dicha reforma de las pensiones servirá para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de protección social.La mitad de estos expertos estima que la reforma ha afectado a todas las prestaciones, pero no a las cotizaciones, ni a otras condiciones 'que tendrían efectos mucho más importantes', como la ampliación de la edad de jubilación.Asimismo, el 80% de los consultados asegura del todo o en parte que la última reforma de la Seguridad social no servirá 'para combinar razonablemente y sin alterar el balance económico del sistema, la adaptación a los cambios sociales y del mercado de trabajo con la solidaridad y la justicia social que requiere el sistema'.La mayoría de los encuestados echan de menos una mayor flexibilidad de acceso a la jubilación, siempre teniendo en cuenta que el sistema de pensiones no pierda recursos. Y, cerca de un tercio, cree necesario ampliar la edad de jubilación más allá de los 65 años.