El difícil equilibrio fiscal
Más de un director financiero habrá suspirado al pensar en la posibilidad de un mundo sin impuestos sobre sociedades leyendo un artículo que publicaba recientemente Financial Times titulado La rivalidad fiscal en Europa mueve a las multinacionales. Desgraciadamente, no es probable que este sueño se transforme en realidad.
De acuerdo con una investigación llevada a cabo por KPMG, la continua bajada de los tipos del Impuesto sobre Sociedades en muchos países lleva aparejada una subida en los impuestos indirectos y en aquellos que gravan la renta de las personas físicas, para compensar la lógica disminución en la recaudación.
Como es evidente, esta subida repercute en los impuestos que tienen que pagar las personas, o lo que es lo mismo, los electores. La realidad nos demuestra que los contribuyentes los pagarán sólo en tanto en cuanto no les parezcan excesivos y reciban a cambio un nivel de servicios que consideren aceptables. Si los Gobiernos se equivocan en esta relación contractual, exigiendo mucho de los votantes a cambio de poco, o dando la impresión de favorecer a las entidades por encima de los ciudadanos, lo lógico es pensar, por una parte, que tendrá consecuencias en las urnas y, por otra, que se encontrarán con más dificultades o reticencias a la hora de recaudar los impuestos a sus ciudadanos.
No obstante, la solución no consiste en aumentar los impuestos sobre sociedades. En una economía real, los impuestos sobre sociedades altos acaban repercutiendo en los consumidores, a través de productos o servicios con precios más altos. Hoy en día la movilidad de las empresas es mucho mayor que antes, por lo que éstas pueden trasladarse más fácilmente a otras jurisdicciones en busca de mejores condiciones fiscales. Son muchos los países que quieren crear un entorno competitivo para las empresas que incluya tipos impositivos más bajos, estabilidad y administraciones fiscales cercanas a las empresas.
Por tanto, si los sistemas democráticos exigen que las empresas paguen impuestos, ¿hay algún beneficio para ellas? La respuesta es sí. Por un lado, la lógica contraprestación de beneficiarse de las inversiones que se espera haga todo Gobierno con los impuestos recaudados. Adicionalmente, el que las empresas sean contribuyentes, y a la vez recaudadoras de impuestos sin retribución alguna por esta función, les debería otorgar el derecho a tener una opinión autorizada acerca de cómo los impuestos son recaudados y gastados. Esto permitiría abrir una vía de comunicación importante entre las empresas y la Administración. Ambos podrían debatir acerca de los beneficios y costes de crear un entorno global competitivo para el desarrollo de negocios que beneficiaría tanto a las empresas como a los países donde éstas operan.
La democracia, las políticas económicas prácticas y el nivel de compromiso de los contribuyentes determina hasta qué punto los impuestos sobre sociedades pueden reducirse. Encontrar el equilibrio entre estas fuerzas es la base de una política fiscal y económica buena y eficaz.
María José Aguiló. Socio director responsable del Área Fiscal de KPMG Abogados