Las comunidades piden más dinero para residencias
Las comunidades autónomas pedirán hoy más dinero a Jesús Caldera para residencias de ancianos. El Gobierno baraja fijar en 1.014 euros al mes la financiación máxima para costear la estancia y la asistencia de una persona dependiente. Las regiones, que prestan el servicio, dicen que necesitan entre 1.200 y 1.250 euros.
Hoy, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, deben cerrar el desarrollo reglamentario de la Ley de Dependencia que permitirá poner en marcha las nuevas ayudas a los mayores y los discapacitados dependientes. La ley, aprobada en enero, estableció tres meses para pactar el desarrollo reglamentario. El plazo termina el próximo lunes 23, por lo que en la reunión de hoy deberían cerrarse los flecos para que la norma pueda arrancar en plazo. Si no hay acuerdo, tendrían que aprobar una moratoria.
Fuentes autonómicas consideran que el principal escollo en los debates de hoy estriba en el montante que Trabajo ha fijado como cuantía máxima que los fondos públicos deben aportar para la asistencia de los dependientes. Este dinero servirá especialmente para costear las residencias de la tercera edad.
Caldera ha ofrecido a las regiones que la cuantía máxima que financiarán las administraciones para los gastos de una residencia sea 1.014 euros al mes para el caso de los dependientes de máximo grado, aquellos calificados como grandes dependientes de nivel 2 (cuya dependencia se califica entre 90 y 100 puntos sobre un baremo de 100).
Para los grandes dependientes de nivel 1, aquellos cuya dependencia se ha catalogado entre 75 y 89 puntos, la financiación pública se topa en 774 euros al mes.
La ley establece que la mitad de estas cantidades lo aportará el Gobierno central y la otra mitad los ejecutivos regionales. Sin embargo, la cifra que plantea Trabajo es considerada escasa por parte de las comunidades autónomas. Fuentes de la Consejería de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, cifran el coste de la residencia entre 1.200 y 1.250 euros al mes, lejos de lo propuesto por Trabajo. Y esta cifra se coloca en la media del coste en España. En algunas regiones como Madrid o Cataluña una residencia puede ascender hasta los 1.800 euros por mes.
Respecto a las otras prestaciones económicas, las de ayudas para cuidados en el entorno familiar y ayudas para pagar cuidadores profesionales, las reticencias de las comunidades autónomas serán menores.
En realidad, se trata de establecer una cantidad para ayudas que hasta ahora no vienen dando las comunidades por lo que es más complicado determinar si el montantes es suficiente o no, según las fuentes consultadas. En cualquier caso, se trata de partir de alguna cifra e ir ajustando en un futuro.
El Gobierno fija en 780 euros el máximo para asistentes profesionales y 487 euros al mes de salario para los familiares que cuiden de los dependientes. Además, el Gobierno central cotizará por la seguridad social de estos últimos con 74 euros.
Traspaso a los ayuntamientos
Una de las mayores dudas de la lLy de Dependencia con respecto a la financiación es la aportación de los fondos para cubrir los servicios que muchos ayuntamientos, especialmente los más grandes están dando a sus ciudadanos dependientes. Muchas ciudades disponen de sus propias residencias para la tercera edad o de cuidadores profesionales para asistir a los ancianos dependientes en sus propios hogares.Sin embargo, la ley y sus desarrollos sólo establecen acuerdos entre el Gobierno central y los autonómicos y deja al margen a los entes locales, lo que ha generado una gran incertidumbre en el ámbito municipal.Tanto fuentes locales como autonómicas coinciden que una vez que se ponga en marcha el sistema se tendrá que producir una segunda negociación, esta vez en los ámbitos autonómicos, para determinar de que manera se costean los servicios prestados por los ayuntamientos.Lo lógico, según fuentes regionales, es que los consistorios reciban el mismo montante que las comunidades cuando presten los servicios que establece la ley de Dependencia.