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Columna
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La necesaria confianza en la estadística

A nadie se le ocultan los permanentes conflictos que tendrían lugar si las cifras producidas por el sistema estadístico estuvieran sometidas a sospecha. Las Administraciones públicas y los agentes económicos y sociales no podrían basarse en el diagnóstico de la realidad sobre la que han de actuar y, por tanto, sus decisiones tendrían un carácter incierto. La evolución de los diferentes fenómenos también sería dudosa y, por tanto, se carecería de criterios para evaluar la eficacia con la que se viene afrontado la gestión de los diferentes problemas. El sentimiento de agravio de las diferentes Administraciones nacionales o regionales sería inevitable por la natural creencia de estar contribuyendo más y percibiendo menos de lo que correspondería en un sistema justo de reparto. La desorientación de la opinión pública sería absoluta y carecería de criterio para valorar objetivamente la gestión o las propuestas de aquellas fuerzas políticas en las que depositar su confianza.

La conciencia de este gravísimo problema ha llevado a elaborar leyes nacionales que, como en la de la Función Estadística Pública de España, garantizan la independencia del Instituto de Estadística, la formación científica de su personal y su seguridad en el empleo con independencia de avatares políticos, lo que se suele conseguir mediante oposiciones públicas, la transparencia de sus métodos de trabajo y otro cúmulo de medidas, como la publicación de resultados y sus correspondientes análisis en fechas predeterminadas por calendario, para salvar el escollo de la eventual oportunidad de la salida de datos.

También a nivel internacional se han reforzado estas garantías, como hizo la Comisión Estadística de Naciones Unidas en abril de 1994 al establecer los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, haciendo hincapié, al igual que después se haría en el seno de la Unión Europea, en la necesaria independencia, integridad y responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de los organismos internacionales. Para asegurar este objetivo, entre otras muchas acciones, se imponen códigos de buenas prácticas y metodologías comunes y se realizan auditorías que verifican periódicamente la calidad de todas y cada una de las fases del proceso estadístico en los diferentes Estados.

A pesar de estas cautelas, en ocasiones se alzan voces poniendo en duda esta independencia y neutralidad que ha de caracterizar la tarea estadística. Recientemente, desde el programa La Linterna de la cadena COPE y las páginas de Expansión se ha asegurado que el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) disminuye artificialmente las cifras de crecimiento económico de las comunidades gobernadas por el PP, subiendo las de aquellas otras que están regidas por el PSOE, reduce también fraudulentamente las cifras de población de las comunidades del PP para que tengan menos escaños en las próximas elecciones y gocen de menos financiación y adultera toda la información económica y demográfica para ocultar, entre otras cosas, que el PIB en paridad de poder de compra ha disminuido, que el paro ha aumentado en términos homogéneos o que la productividad comparativa de España con Europa ha caído al nivel que tenía en 1967.

Estas graves afirmaciones, que se ven complementadas por otras tan peregrinas como que en España hay dos millones de personas más que las contadas por el INE o que es imposible que la población activa crezca más que la población total, no merecerían mayor atención si no fuera por la posibilidad de que pudieran ser el inicio de una campaña política que tuviera por objetivo desmontar las buenas noticias económicas de los últimos tiempos, cuestión que por supuesto no tendría como protagonistas al equipo económico de la oposición, que viene haciendo gala de rigor y ponderación, sino a otros voceros que no destacan por su prudencia.

Quien pueda creer exagerado este temor por una posible campaña puede recurrir a la prensa de marzo de 1991 y rescatar las acusaciones de que el INE iba a facilitar a la policía y al fisco los datos del Censo de Población que se comenzaba a recoger, que se invadía la intimidad y se preguntaba sobre el aborto (la pregunta se refería a hijos nacidos con vida aunque hubieran podido fallecer), induciendo a los ciudadanos a no censarse o a dejar de responder parte del cuestionario. En aquella ocasión, cuando se publicaron las cifras provisionales, se acusó cínicamente al INE de haber dejado de contar un millón de ciudadanos, lo que, en todo caso, se hubiera debido a quienes habían protagonizado tan irresponsable campaña contra una operación de Estado como es el Censo, cuestión que, por supuesto, nunca llegarían a reconocer.

José Aranda. Economista y estadístico

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