COLUMNA

¿Adiós al 'vuelva usted mañana'?

Larra pasó a la historia, entre otras cosas, por su famoso artículo Vuelva usted mañana, en el que denunciaba la ineficacia de la Administración que sufrieron nuestros antepasados del XIX, y que se extendió, sin grandes cambios, hasta los años sesenta, cuando empezaron tímidas mejoras administrativas que se aceleraron tras la llegada de la democracia, por una parte, y de las posibilidades tecnológicas, por otra. La modernización de la Administración ha sido un objetivo constante de los sucesivos Gobiernos que hemos conocido.

La sociedad está galopando sobre una auténtica revolución tecnológica cuyos tentáculos se adentran hasta en los ámbitos más privados del hogar. Correos electrónicos, internet, messenger, mensajes al móvil, se han convertido en herramientas cotidianas. Todos cabalgamos sobre el potro desbocado de unas tecnologías cuyo límite de posibilidades aún no alcanzamos a otear.

Y esta revolución tecnológica ha encontrado en España una sociedad profundamente abierta al cambio. Probablemente, ningún otro país occidental haya asumido con tanta naturalidad cambios tan profundos y tan rápidos como el nuestro. Esa dinámica de apertura y dinamismo ha reforzado, aún si cabe, la entrada de las nuevas tecnologías. Si existe aún desfase tecnológico con otras potencias es por medios y formación, no por convencimiento ni por las ganas de una población que acude en masa a consumir el diverso aparataje electrónico.

¿Y la Administración española? ¿Qué ha ocurrido con ella? ¿Se ha modernizado, o sigue con el síndrome de las colas ante las ventanillas a la espera de que el funcionario de turno le estampe el enésimo sello necesario? Todos tendremos nuestra propia experiencia y opinión, pero coincidiremos en que algunos organismos, tales como Hacienda o la Seguridad Social, se soportan sobre tecnologías de vanguardia, mientras que otras instancias aún duermen la siesta del pasado. Pues bien, el letargo tecnológico parece que toca a su fin, y que la Administración se ha puesto las pilas para la reforma de sus sistemas.

La semana pasada, el Congreso aprobó el texto de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, con una única enmienda incorporada que incluye el software libre como herramienta de acceso a la Administración. La filosofía básica de la ley queda recogida en su título preliminar: reconocer el derecho del ciudadano a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones públicas, que tendrán obligación de proveer el acceso a sus servicios electrónicos (registros, pagos, certificación, notificación, etcétera) antes de 2010. Los principios básicos que deben cumplir son: protección de datos de carácter personal, igualdad y no discriminación, accesibilidad, legalidad, cooperación e interoperatividad, seguridad, proporcionalidad, calidad y responsabilidad y neutralidad tecnológica.

La mayoría de los trámites con la Administración podrán realizarse a través de internet o del teléfono móvil. Persigue la mayor comodidad al usuario al superar las barreras de tiempo (el dedicado a los trámites) y de espacio (el desplazamiento).

Bienvenida sea la ley. Todos los esfuerzos que se realicen para que pueda cumplir sus fines nos parecerán pocos. Queremos vivir en la sociedad de la información, y para ello necesitamos una Administración modernizada y los medios más avanzados para facilitar nuestra relación con ella. Lo que hasta hace bien poco nos parecía imposible comienza a hacerse realidad. Certificados de vida laboral online, declaraciones anticipadas de renta realizada por la propia Hacienda, DNI electrónico. Pero todo esto no es más que la avanzadilla de las posibilidades de las que gozaremos si nuestra Administración se emplea a fondo. Juan Miguel Márquez, director general de Modernización Administrativa, afirmó: 'Nadie tendrá que volver a hacer colas frente a una ventanilla nunca más'. Ojalá así sea.

Pero no todo son parabienes. La dotación económica nos parece escasa. Se contempla una partida de 300 millones de euros que se añadirá a la partida de 1.600 millones de euros que cada año se dedican a la modernización de la Administración de forma ordinaria.

Otro problema: la ley sólo vincula a la Administración general del Estado, limitándose a 'aconsejar' a las Administraciones autonómicas evolucionar a idéntico ritmo hacia la e-Administración, dotando una escuálida partida de 13 millones de euros para modernizar las entidades locales. Ambas Administraciones tendrán que prestar la Administración electrónica si 'sus disponibilidades presupuestarias se lo permiten'. Con respeto de sus señorías, esa coletilla nos parece un brindis al sol.

En todo caso, enhorabuena a los impulsores de una ley tan avanzada como necesaria.

Manuel Pimentel