La Ley de Internet no incluye el polémico artículo sobre cierre de 'webs' e intercambio de archivos
El Gobierno ha remitido hoy a las Cortes el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI). La Asociación de Internautas se movilizó esta semana contra el texto, afirmando que en su último borrador se había incluído un artículo que habilitaba a las gestoras de derechos de propiedad intelectual para exigir a las operadoras el bloqueo de determinados webs y para controlar la actividad de los usuarios que intercambian contenidos en la red (P2P). El polémico artículo, del que nunca ha habido confirmación oficial, no aparece en el proyecto de Ley aprobado hoy por el Gobierno.
A comienzos de esta semana, la Asociación de Internautas (AI) afirmó que había podido conocer un borrador del proyecto de Ley en el que aparecía un nuevo artículo, el 17.b), referido a la protección de la propiedad intelectual en Internet. El precepto habría sido incluido en el borrador por el trámite de urgencia, según la organización de usuarios, y después de que el texto pasara por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI).
El polémico artículo obligaría a los proveedores de servicio a bloquer el acceso a páginas web que fueran denunciadas por asociaciones de autores y productores de contenidos cuando estos creyeran que se estaba violando su propiedad intelectual. En la creencia de que esta potestad sólo debería estar reservada a los jueces, la Asociación de Internautas expresó sus protestas, movilizó a asociados y simpatizantes y exigió que el Gobierno explicase la modificación del texto legal en el CATSI.
Poco después se conoció que las modificaciones introducidas por el Gobierno habían sido sometidas al examen del Consejo de Estado, que critico con dureza el nuevo borrador. Preceptos "tan novedosos" no deberían haber sido introducidos, según este organisomo, sin ser sometidos a consulta de las asociaciones "directamente afectadas", como las de prestadores de servicios, usuarios de Internet y el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, para que opinen al respecto o den medidas alternativas "menos restrictivas de la libertad de uso de Internet".
Finalmente el proyecto de Ley ha sido aprobado hoy por el consejo de ministros sin la inclusión del artículo, y las distintas organizaciones que componen el CATSI (sindicatos, industria, usuarios y administración) han sido convocadas para un encuentro el próximo día 26, en cuyo orden del día se incluye el citado anteproyecto sobre protección de los derechos de autor en Internet.
Otra ley para defender los derechos de autor
Las medidas legales para proteger los derechos de autor en la Red siguen en todo caso sobre la mesa, pues en la reunión del CATSI el Ejecutivo presentará el borrador de una Ley diferente a la LISI en la que se abordarán estas cuestiones, según información de la patronal de telecomunicaciones ASTEL recogida por la agencia EFE.
Esta organización se muestra satisfecha por el hecho de que el Gobierno se muestre dispuesto a escuchar al sector, y adelanta su oposición a que se asigne a los proveedores de acceso a Internet un papel de control de los contenidos que circulan por la Red, como figuraba en el artículo denunciado por la Asociación de Internautas y que finalmente no aparece en el proyecto de Ley de la LISI, una norma que se enmarca en el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas, conocido como Plan Avanza.
La LISI modifica en parte dos normas fundamentales para Internet, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley de Firma Electrónica, una revisión del ordenamiento jurídico se completa con otras modificaciones menores de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de ordenación del comercio minorista.
Comunicación telemática, accesibilidad y dominios '.es'
Además de la polémica, la LISI trae consigo algunas novedades. Las grandes empresas que trabajen con en servicios públicos básicos (electricidad, agua y gas, telecomunicaciones) estarán obligadas por ejemplo a facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes, basado en certificados reconocidos de firma electrónica y, en particular, en el DNI electrónico. Esta vía de comunicación deberá permitir a los clientes mantener relaciones de carácter contractual con la empresa, efectuar reclamaciones y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en materia de protección de datos.
El articulado de la LISI -que antes de entrar en vigor tendrá que ser debatido y aprobado por el Parlamento- establece también que las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán el nivel medio de accesibilidad, según los criterios de accesibilidad generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2008. Este mismo requisito será aplicable a las páginas con financiación pública, a las páginas de las empresas que gestionen servicios públicos y a las empresas obligadas a facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes.
También se encomienda al Gobierno la inclusión entre los requisitos imprescindibles para la consideración de un suelo como urbanizado tener instaladas las canalizaciones necesarias para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
El proyecto establece que la entidad Red.es adoptará las medidas necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio ".es" que contengan caracteres propios de las lenguas españolas distintos de los incluidos en el alfabeto inglés, como la "ñ" o la "ç", en un plazo máximo de tres meses de la entrada en vigor de la Ley.