El Gobierno intenta eliminar litigios con las comunidades
Las comunidades de Cataluña y Andalucía han sido las primeras en crear grupos de coordinación con el Gobierno central para reducir la litigiosidad y prevenir conflictos de competencias. Este sistema se extenderá en los próximos meses al resto de las regiones.
La alta litigiosidad competencial heredada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aconsejó al Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Jordi Sevilla a promover la creación de subcomisiones territoriales para avanzar en ámbitos como la prevención de conflictos, el desarrollo estatutario y la definición de futuros traspasos. Este método de trabajo ya se ha puesto en práctica en Cataluña y Andalucía y pronto se extenderá a aquellas comunidades con los nuevos estatutos recién aprobados, como es el caso de la valenciana y la de Aragón.
El pasado lunes, Jordi Sevilla presidió la sesión constitutiva de la comisión bilateral de Cooperación Estado y Junta de Andalucía, marco a través del que se canalizarán las relaciones entre ambas administraciones. Hace quince días, ambos Ejecutivos pusieron en marcha la comisión mixta paritaria que regulará el proceso, el tiempo y las condiciones de traspaso de las competencias propias de la comunidad autónoma.
Estos grupos de trabajo abordarán también la metodología para analizar las futuras inversiones estatales en Andalucía, referenciadas en el nuevo Estatuto al peso de la población en el conjunto del Estado.
Durante el año pasado, ambas administraciones mantuvieron 69 conferencias sectoriales y firmaron 103 convenios y acuerdos de cooperación. En ese ejercicio, el Estado financió 85 líneas de subvención. La cuarta parte de los traspasos realizados desde el Estado en lo que va de legislatura han tenido como destino Andalucía, con unos medios totales de 182 millones de euros.
En Cataluña se han creado tres subcomisiones para analizar futuros traspasos, evitar conflictividad y desarrollar el Estatuto. Uno de los grupos de trabajo estudiará la metodología para avanzar en la inversión estatal en infraestructuras que en esta comunidad dependerá del peso del PIB regional en el conjunto del Estado. Ello le garantiza a Cataluña, aproximadamente, el 19% de la inversión.
El aeropuerto de El Prat vuelve a la agenda
¦bull; La comisión bilateral integrada por el Gobierno central y el de la Generalitat de Cataluña se reunirá el próximo lunes para abordar las inversiones estatales en infraestructuras y la gestión del aeropuerto de El Prat. En ambos gobiernos hay interés en alumbrar cuanto antes un mecanismo para definir estas inversiones ante el freno que está significando para el Estatuto el recurso pendiente de analizar por el Tribunal Constitucional.