El TC declara nulo el decreto del PP que llevó a la huelga general de 2002
El Tribunal Constitucional (TC) ha echado abajo el conocido como decretazo, que puso en marcha la reforma laboral de 2002. El alto tribunal decreta 'inconstitucional y nulo' el citado real decreto ley al estimar que no existía la urgencia por la que el anterior Gobierno del PP impuso la norma. Su aprobación sirvió a los sindicatos para convocar una huelga general, el 20 de junio de ese año.
El TC estimó este viernes los recursos de inconstitucionalidad presentados hace cinco años por la Junta de Andalucía y 50 diputados del PSOE, IU y Grupo Mixto, contra el 'decreto ley de medidas urgentes para la reforma de los sistemas de protección por desempleo', aprobado en mayo de 2002 cuando Juan Carlos Aparicio era ministro de Trabajo, en la segunda legislatura gobernada por José María Aznar. Ahora el tribunal entiende que el Gobierno del PP no aportó ninguna justificación para apreciar urgencia. En concreto, subraya la 'extrema ambigüedad' de buena parte de las expresiones utilizadas para caracterizar la situación de extraordinaria necesidad.
Se trata de la primera vez que el TC anula un decreto ley por no justificar el carácter urgente de una norma.
La aprobación del decreto originó la convocatoria de una huelga general (el 20 de junio de 2002) por parte de los sindicatos y la contestación de buena parte de la ciudadanía por, entre otros asuntos, el recorte en las prestaciones por desempleo implícito en él. Después de la huelga, el vicepresidente económico de entonces, Rodrigo Rato, comandó una negociación con los sindicatos que acabó con la aprobación de un proyecto de ley en el que se modificaron sustancialmente algunos de los preceptos del decretazo. Precisamente, el hecho de que el decreto fuera derogado para su tramitación como ley, en diciembre de 2002, provoca que la anulación del mismo hecha por el Constitucional este viernes quede sin efectos prácticos, aparte de la 'victoria moral' de quien presentó recurso ante el tribunal. El propio TC recalca en el fallo del viernes que la ley echó atrás algunos de los preceptos del real decreto.
Concretamente, la ley introdujo la obligación de pago de los salarios de tramitación en los supuestos de despido improcedente por el empresario. Su supresión en el decretazo fue uno de los motivos de la huelga general. La ley de diciembre de 2002 incluyó también la obligación de pago asumida por el Fogasa (fondo de garantía salarial) en los supuestos de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra, por la que también dejó sin contenido otra de las quejas de los sindicatos entonces.
La reacción del Gobierno actual (PSOE) este viernes fue de satisfacción. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, indicó que 'fue una reforma impuesta' e innecesaria. 'Las normas que afectan a derechos básicos deben ser dialogadas, como la reforma laboral que aprobamos hace un año', indicó en Nueva York, informa Ana Nieto.
Los sindicatos, por su parte, se mostraron también satisfechos. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, anunció que estudiará reclamaciones al Estado por la 'reducción 'de los derechos laborales en el tiempo que estuvo en vigor el decretazo (mayo de 2002) y la aprobación de la posterior ley (diciembre de ese año).
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