Parlamento

PSOE y PP chocan por la fiscalización de las fundaciones ligadas a los partidos

La Ley de Financiación de Partidos del año 1987 tiene sus días contados. Los grupos parlamentarios iniciarán hoy el debate formal sobre su reforma después de haber alcanzado un amplio acuerdo sobre los principales puntos de controversia, aunque se mantiene el enfrentamiento entre el PSOE y el PP sobre la fiscalización de las fundaciones ligadas a las formaciones políticas.

El PSOE está convencido de que detrás de la resistencia del principal partido de la oposición a que las fundaciones sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, al igual que ocurre con los partidos políticos, se encuentran los intereses del ex presidente José María Aznar en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el tanque de pensamiento desde el que un sector del PP nutre su acción política. En el PP se desmiente esta apreciación y se hace descansar el rechazo a la reforma promovida por el PSOE y el resto de los grupos parlamentarios en las facilidades que daría a Batasuna para obtener financiación pública.

De cualquier modo, la forma de fiscalizar las fundaciones divide a las dos principales formaciones políticas y este desencuentro es nuclear porque si este aspecto no se regula bien la ley puede caer en saco roto ya que es relativamente fácil la transferencia de fondos desde estas fundaciones a los partidos que les ofrecen abrigo. En este contexto, el PSOE defenderá hoy una enmienda que cuenta con apoyo suficiente para prosperar en la que se establece que 'las fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización, control y régimen sancionador' que rigen para las fuerzas políticas.

El portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, no descarta alcanzar un acuerdo con el PP sobre este y otros extremos. De hecho, el PSOE llegaría a aceptar que la fiscalización afectara sólo a las donaciones y no al resto de ingresos de las fundaciones.

Límite a las donaciones

Otros puntos de la reforma que hace meses eran objeto de conflicto ya no lo son. Por ejemplo, el PSOE ha conseguido convencer al PP de que asuma la prohibición de las donaciones anónimas. En la proposición de ley que servirá de base para el arranque del debate se deja claro que los partidos no podrán aceptar este tipo de aportaciones. Sólo podrán recibir donaciones no finalistas, nominativas, en dinero o en especie y con el nombre y la identidad fiscal del donante. La entidad financiera donde se realice la imposición estará obligada a extender al donante un documento acreditativo donde figuren todos estos extremos.

Las personas físicas o las empresas podrán aportar anualmente a los partidos un máximo de 90.000 euros y a las fundaciones un máximo de 120.000 euros. Ambas cantidades se han elevado después de la negociación mantenida por los diferentes grupos políticos, pues en un principio la cantidad que habían estimado era de 30.000 euros.

Otro aspecto que ha suscitado controversia entre los dos grandes partidos y que necesitará de negociación tiene que ver con la posible condonación de deuda por parte de las entidades financieras. El Partido Popular defiende aquí una actitud más rígida que el partido socialista.

Incentivos en Sociedades e IRPF

Las cuotas de afiliación, así como las restantes aportaciones realizadas a los partidos políticos serán deducibles de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el límite de 600 euros anuales. Las donaciones a las fundaciones se beneficiarán de las mismas desgravaciones que rigen para las tareas de mecenazgo. Asimismo, los partidos políticos gozarán de exenciones en el Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas para la financiación de actividades que constituyen su objeto o finalidad específica. Estarán sujetos a esta exención los ingresos procedentes de las cuotas de los afiliados, las subvenciones públicas obtenidas con arreglo a la ley, las donaciones privadas y los rendimientos derivados del ejercicio de las actividades propias de las formaciones políticas. Estas últimas también estarán exentas del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La ley que sustituirá a la de 1987 incorporará también una regulación contable mucho más precisa.