La frontera de los 45 millones
El principal motor de la actividad económica en los países desarrollados es su población y los niveles de cualificación que ésta alcance. Muchas economías occidentales han varado su crecimiento durante periodos largos como consecuencia del estancamiento de sus variables demográficas. Una parálisis en el número de habitantes supone una contracción continua de la fuerza de trabajo y un encarecimiento del mantenimiento de la sociedad por el simple envejecimiento vegetativo de sus miembros.
España hace una docena de años estaba francamente amenazada por tales riesgos, con la tasa de natalidad más baja de Europa, y unos escenarios con las cohortes más envejecidas del continente en un futuro no muy alejado. Pero uno de los trasvases más dinámicos de la globalización ha impulsado tal flujo de inmigración hacia España en los últimos años que se ha despejado el problema o, al menos, se ha trasladado en el calendario unas cuantas décadas más allá.
En 2007, según las cifras aún provisionales que maneja Estadística, la población que habita en España supera ya los 45 millones de personas, con un flujo neto de inmigrantes superior aún a las 400.000 personas en el último ejercicio. Con este aumento, la población extranjera supera ya el 10% de los habitantes, atraída por un crecimiento económico generoso, políticas de reagrupamiento potenciadas por la regulación de 2005 y una política de control de fronteras no todo lo exigente que debiera.
La aportación de la inmigración al crecimiento ha sido determinante en sectores intensivos en mano de obra, que hace años tenían ya dificultades para encontrar trabajadores, bien por falta de fuerza laboral o por la pasividad de la misma ante la escasa remuneración y la competencia en renta que ejerce el seguro de desempleo. Pero queda mucho recorrido para culminar la integración social. Hacienda y la Seguridad Social se han encontrado con enormes flujos de ingresos, pero el gasto corre a cargo de los ayuntamientos, que no disponen de los recursos necesarios.