¿Hacia el descontrol de los ayuntamientos?
El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, que atiende al nombre de Cosital, ha insertado en la prensa de información general unos anuncios a toda plana bajo el título de Un paso más en el debilitamiento de los controles de los ayuntamientos. El texto incluye cinco puntos cuya lectura es susceptible de crear alarma social y bien merece un comentario, sobre todo cuando estamos casi en el umbral de la campaña de las elecciones locales y autonómicas convocadas para el domingo 27 de mayo.
Dice Cosital que se encuentra en trámite de aprobación en el Senado un proyecto de ley sobre el 'Estatuto Básico del Empleado Público' impulsado por el Ministerio de Administraciones Públicas, al frente del cual se encuentra Jordi Sevilla, a quien se considera una de las mejores figuras del Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De siempre sabemos que las agrupaciones profesionales, como puede ser Cosital, tienen demostrada clara aversión a las reformas y profesan verdadero culto a las inercias de cuerpo y alma. Pero, en esta ocasión, los corporativos se han gastado un buen dinero en formular denuncias que parecen de gran calado.
Veamos. Preocupa a Cosital que el citado estatuto, ahora en el horno del Parlamento, 'modifica de manera singular el ejercicio profesional de los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local que actualmente ejercen los controles de legalidad y económico-financiero en todos los ayuntamientos'. Antes de entrar en detalle a conocer esa modificación, el lector tendería de suyo a pensar que ya era hora de impulsar cambios porque los controles de legalidad y económico-financiero en los ayuntamientos que la ley encomienda a los amigos de Cosital es evidente que se han ejercido de forma harto deficiente, como demuestran tantos y tan grandes escándalos, que han llevado a sus beneficiarios a las listas de Forbes y a sus damnificados a pasar por fases alternas de resignación cristiana y de indignación cívica.
A ningún alcalde o concejal de urbanismo prevaricador le ha faltado nunca la firma si era precisa del secretario
Hasta el momento carecemos de noticias acerca de la manera en que Cosital haya velado por el recto ejercicio profesional de sus agrupados. Nada ha trascendido sobre medidas disciplinarias para expulsar de esa corporación a quienes hubieran consentido y avalado el descontrol legal y económico-financiero en tantos y tantos ayuntamientos. Se diría que por regla general a ningún alcalde o concejal de urbanismo prevaricador le ha faltado nunca la firma si era precisa del secretario, interventor o tesorero. Algún caso heroico pudiera haberse dado, pero mientras llegan pruebas en contrario se diría que el macizo de Cosital ha acreditado tragaderas capaces de engullir auténticas ruegas de molino.
Otra cuestión distinta es que el estatuto cuya adopción legal se tramita proponga llevar las cosas al punto de que secretarios, interventores y tesoreros de Administración local 'puedan ser nombrados y cesados libremente por los alcaldes'. Una nueva potestad que lleva a los de Cosital a maliciarse que así se compromete una de las garantías de su neutralidad e imparcialidad profesional. Por eso insisten en que 'esta desregulación puede provocar un grave deterioro en el ejercicio de las funciones públicas obligatorias en todos los entes locales, en un momento en el que la transparencia y el respeto a la legalidad se revelan -hoy más que nunca- como principios sobre los que construir una democracia avanzada y de calidad'. O sea que la música se la saben.
Porque el proyecto de ley transfiere a las comunidades autónomas una serie de competencias sobre regulación de la profesión de secretarios, interventores y tesoreros que hasta ahora en manos del Estado permitían una habilitación a escala nacional para su ejercicio en todos los entes locales de España, en línea -dice Cosital- con lo establecido por el Tribunal Constitucional. Mientras que a tenor del proyecto de ley el Estado quedará desapoderado de la competencia para convocar plazas en cualquier comunidad autónoma. ¿Será verdad la denuncia de que la nueva ley supondrá un paso más en la rebaja y debilitamiento sistemático de los controles internos de los ayuntamientos? ¿Habrá, entonces, que pedir explicaciones al maestro armero? Veremos.
Miguel Ángel Aguilar. Periodista