Las empresas deberán asegurar los posibles daños al medio ambiente
El Ejecutivo aprobó el viernes el proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental que responsabiliza a las empresas por los daños que cometan al medio natural. La norma afectará a unas 5.000 empresas, otras 30.000 de transporte y un millón de explotaciones agrarias. Un porcentaje de ellas estará obligado, a partir de 2010, a contratar un seguro.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró satisfecha por la presentación de este proyecto de ley , el décimo que presenta su departamento en esta legislatura, 'que trata de dar cumplimiento a un precepto constitucional por el cual todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado', dijo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Narbona justificó la conveniencia de esta ley porque el 25% de la superficie de España está catalogada como zona especial de conservación, incluida dentro de la red Natura 2000, 'y por la desidia que se ha producido hasta ahora en la persecución de los daños al medio ambiente'. Así recordó que el Gobierno y la Junta de Andalucía ya han gastado más de 75 millones de euros en las tareas de reparación de los daños causados por la rotura de la balsa minera de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla). El coste se ha disparado en la descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), cuya factura supera los 150 millones de euros.
La norma afectará, tal y como figura en un anexo de la ley, a 5.000 empresas, un millón de explotaciones agrarias y ganaderas, 30.000 empresas de transporte y 1.000 presas y balsas mineras. Una parte deberá suscribir, antes de 2010, una garantía financiera (cuyo límite será 20 millones de euros) que cubra los posibles daños que cometan al medio ambiente.
Dentro de este grupo, las empresas cuyo riesgo potencial al medio ambiente se cifre en dos millones de euros deberán suscribir la garantía financiera (aval o seguro). Quedarán exentas aquellas cuyo daño esté por debajo de 300.000 euros o las que utilicen productos fitosanitarios con fines agrarios, mientras que si el daño oscila entre esa cifra y 2 millones de euros, la empresa quedará exenta si cuenta con una certificación medioambiental EMAS o ISO 14001. También quedarán exentas las administraciones públicas y las contratistas de obras públicas, siempre y cuando cuenten estas últimas con una declaración de impacto ambiental.
Hasta 2010, Medio Ambiente desarrollará una metodología para calcular el daño que pueda ocasionar una empresa al medio ambiente o a la biodiversidad. Para la creación de ese modelo ha encargado a la empresa pública Tragsatec la realización de dos pruebas piloto en una industria química y en una explotación porcina, ambas situadas en Cataluña.
La ley, que el Gobierno pretende que entre en vigor el 30 de abril, no tendrá carácter retroactivo, así que afectará a los daños cometidos tras su aprobación. Sin embargo, establece que la responsabilidad ante un posible desastre ecológico tendrá una vigencia hasta 30 años después de que se haya cometido.
Otra de las novedades es el régimen sancionador que puede llegar a multas de dos millones de euros y dos años de cierre en el caso de las muy graves. También establece un periodo transitorio de prescripción de los daños; en los graves, la sanción prescribirá si entre el daño y la imposición de la sanción transcurren dos años; en los muy graves, se amplía a tres años el plazo de prescripción.
Dos millones de metros cuadrados de costa
El Gobierno también aprobó el viernes la incorporación de casi dos millones de metros cuadrados de litoral español al dominio público marítimo-terrestre. Así lo comunicó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quién hizo ese anuncio dentro de un programa que pretende incluir alrededor de 20 millones de metros cuadrados de fincas. Con la incorporación de esas fincas, ubicadas en las provincias de Almería, Alicante, Valencia, A Coruña, Guipúzcoa, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, el Ejecutivo ya habrá incorporado al dominio público marítimo terrestre casi 9 millones de metros cuadrados, entre los terrenos que se están adquiriendo y los que están en trámite de expropiación.Estas adquisiciones forman parte del programa de adquisición de fincas en el litoral, cuyo objetivo es adquirir 167 fincas de titularidad pública hasta final de legislatura. El proceso de compra se hará, en primer lugar, mediante un acuerdo privado con el propietario. En caso de que no se alcance un acuerdo, Medio Ambiente iniciaría un proceso de expropiación forzosa para la fijación de un justiprecio.A este programa se le han unido otros, tal y como recordó Narbona, como la demolición de más de 100 edificios en dominio público marítimo-terrestre y los avances en el deslinde de ese dominio público.De los 10.000 kilómetros que tiene el litoral español, (costa, ríos y estuarios) aún hay 2.200 en manos privadas, especialmente en Málaga, Murcia, Alicante y Huelva, que tienen más de un 30% del territorio pendiente de deslinde.