IVA por cotizaciones sociales
El comisario europeo de Asuntos Económicos ha manifestado en la Asamblea General de 2007 de las Cámaras de Comercio que, para recuperar competitividad la empresa española, el Gobierno debería reducir los costes salariales de las empresas, trasladando parte de las cotizaciones sociales al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Puso de manifiesto el ejemplo de Alemania, que en el mes de enero elevó en tres puntos porcentuales los tipos del IVA para compensar la rebaja de la fiscalidad sobre las empresas; pero advirtió que no es fácil implantar tal reforma estructural, aunque sí necesaria para ganar posición competitiva.
Dado que la finalidad de un programa de pensiones contributivas es distribuir la renta de un individuo en su ciclo vital, no sería equitativo reducir las cotizaciones sociales, que en definitiva corren a cargo de los trabajadores y como tales aparecen en Contabilidad Nacional, sustituyéndolas por impuestos que pagarían todos los ciudadanos aunque no tuvieran derecho a pensión. Como los interesados tendrán derecho a su pensión como si se hubiera pagado la totalidad de las cotizaciones sociales, es evidente que la medida produce un desequilibrio financiero que debería ser saldado mediante la oportuna aportación a la Seguridad Social del Presupuesto del Estado del año en que se tome la decisión, por el importe en que se cuantifique la misma. Con lo cual, el coste de la financiación de las pensiones no recaería sólo en el factor trabajo, cuyos poseedores son los que van a percibir las pensiones, sino que parte de las mismas van a ser financiadas por toda la colectividad, como si se tratara de un servicio público general.
Nos encontraríamos ante un supuesto totalmente diferente del que sirve como fundamento a un sistema de pensiones contributivas, que es distribuir la renta de un individuo en su ciclo vital; ahorra mientras trabaja a través de las cotizaciones sociales, y cobra pensión (desahorra) en tiempo de jubilación. El importe de la pensión contributiva se fija de acuerdo con las cotizaciones sociales efectuadas, calculada con arreglo a la legislación vigente en cada momento; se trata de una operación de distribución de la renta de una persona en su ciclo vital, que es la base del sistema de pensiones públicas contributivas. Sólo se da una redistribución de la renta entre generaciones cuando el sistema se gestiona por el método de reparto, pero no entre individuos de una misma generación. El sistema de pensiones públicas contributivas no supone un privilegio para el factor trabajo, ya que dicho factor soporta íntegramente la carga que supone la financiación de dicho sistema. El privilegio, y por tanto la falta de equidad, surge si una parte de las cotizaciones sociales se reduce y se sustituye por IVA, en cuyo caso el coste de la financiación del sistema de pensiones se distribuye entre el factor trabajo y el consumo de todos los ciudadanos, inclusive los que no tienen derecho a pensión.
Si se piensa que tal fórmula es la buena para ganar competitividad, a pesar de los efectos adversos que ocasiona en el sistema de pensiones públicas, destrozando inclusive su propio marco conceptual, ¿por qué no se propone sustituir todas las cotizaciones sociales por IVA? Nos encontraríamos así en el campo de las pensiones no contributivas, que ya existe en España para los que no cobran pensión y carecen además de otros recursos. Por un lado, el factor trabajo quedaría liberado de las cotizaciones sociales, pero al mismo tiempo la pensión tendría que ser de igual cuantía para todos los españoles que tuvieran más de 65 años, al financiarse las mismas con impuestos generales.
Al suprimirse o rebajarse las cotizaciones sociales, es posible que se ganara algo en competitividad (aunque, como veremos más adelante, son otros los factores que principalmente influyen en la competitividad), pero dicha ganancia quedaría compensada, total o parcialmente, con el efecto inflacionista que produciría el IVA, que se trasladaría a costes.
La productividad pone de manifiesto la eficiencia en el uso de los factores de producción, tanto de capital humano como de capital tecnológico y de capital físico; a medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción serán menores, lo que da lugar a un aumento de la productividad y por tanto de la competitividad internacional.
El capital humano es uno de los factores clave para el crecimiento de la productividad, lo cual no quiere decir que un mayor gasto en educación y formación profesional supone por este solo hecho un crecimiento de la productividad. Es necesario gestionar con eficiencia los recursos destinados a dicho factor. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) es otro de los factores necesario para impulsar la productividad y por tanto el crecimiento sostenible. España no ha conseguido todavía transformar gasto en I+D+i en crecimiento. Las nuevas tecnologías de la información y el crecimiento (TIC) se han revelado como un factor fundamental para el crecimiento de la productividad, en algunos casos superior al capital físico (infraestructuras). La reforma del mercado laboral podría hacer compatible un incremento de productividad con un ritmo elevado de generación de puestos de trabajo.
Dejémonos de ensayar con el sistema de pensiones para ganar competitividad y apliquémonos a gestionar bien los factores que la impulsan.
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid