El ocaso de la fiscalidad responsable

La realidad en los últimos años nos muestra actitudes extrañas y contradictorias de los políticos respecto a la faceta del gasto e ingreso público. Se exige a los poderes públicos una absoluta atención a la resolución de problemas, no siempre colectivos, a ayudar a los damnificados de cualquier desastre sean o no responsables, a intervenir y remediar todo tipo de carencias, a lo que son cada vez más receptivos. En materia fiscal se va en la misma dirección, la de complacer a los contribuyentes, y se está consolidando un proceso de rebajas fiscales que amenaza la credibilidad del sistema, salvo que se demuestre que es posible realizar mayores gastos públicos, mejorar las atenciones sanitarias, educacionales y sociales, conservar y ampliar las vías de comunicación y las infraestructuras, etcétera, recaudando menos. De no ser así, es razonable la alarma ante los programas de los distintos partidos políticos, que empiezan a desvelar sus intenciones en la precampaña.

¿Qué está pasando? Las competencias de los más de 8.000 municipios españoles han aumentado en forma exponencial desde hace más de 28 años, para responder a las crecientes exigencias ciudadanas, sin contar con mejores ingresos. Los impuestos son los mismos, incluso alguno se ha deteriorado, como el IAE, y se les exige que introduzcan rasgos de subjetividad. A modo de ejemplo, un IBI social, con reducciones del 50% para rentas bajas, jóvenes y familias numerosas, etcétera, lo que está muy bien, pero ante lo que cabe recordar que si invitan los partidos políticos no es de recibo que quienes pagan sean, como siempre, los municipios, porque, además, los hay de distinto tamaño y condición, con graves dificultades para la gestión de impuestos complejos, y más si la revisión de su exiguo sistema impositivo se posterga sine díe.

Ocurre que las comunidades autónomas, pese a la exigencia del artículo 142, no les dan participación en sus ingresos, y el Estado les da largas desde tiempo inmemorial, y mal resuelve sus crisis de modo coyuntural. Con su pusilánime actitud da pábulo a una insuficiencia financiera endémica, no ayuda a crear nuevos impuestos municipales, ni a mejorar la tosquedad actual, ni aumenta su participación en los ingresos del Estado, con lo que les llega el desaliento, mientras ven la incontinencia de los políticos, que en su ansiedad por los votos no dejan de entrar en la cocina municipal para invitar antes que para aportar viandas, avivar la lumbre o sufragar los gastos de la pitanza que sugieren.

Se está consolidando un proceso de 'rebajas fiscales' que amenaza la credibilidad del sistema

A la sombra de la escasez de recursos, afloran innumerables casos de recalificaciones urbanísticas, inexplicables porque se oponen a la lógica ordenación del territorio, al crecimiento sostenible, a la calidad de vida. Dado que la dependencia financiera municipal del sector inmobiliario es sustancial, para mejorar la recaudación, a los ayuntamientos les conviene aumentar las unidades construidas, recalificar suelo, dar más licencias, etcétera, medidas no siempre deseables, pero a las que conduce un sistema perverso, porque ningún político se atreve a aumentar la presión fiscal, ya que no es políticamente correcto y no está de moda. Se crea o no, la alarma social salta más si se elevan los impuestos locales que si se afrontan actuaciones destructivas para ciudades o costas, se suprimen zonas verdes o se crean otros daños medioambientales irreversibles. No importa que el sistema auspicie intereses espurios a favor de los gobernantes, nacidos a rebufo de la falta de recursos, lo importante es no subir impuestos; es más, lo que está de moda son las rebajas fiscales.

A otro nivel, no parece que las comunidades sufran la precaria situación financiera municipal. La realidad nos muestra una constante tendencia a despreciar el valor de los impuestos cedidos por el Estado cuya gestión y recaudación les corresponde: ha caído en un viaje a la nada el impuesto sobre sucesiones y donaciones en las transmisiones más comunes, las de mayor consanguinidad. La disputa ahora está en ver qué autonomía da más, y así saber a dónde hay que ir a donar o a morirse. Es tal el despropósito que hasta Cataluña, otrora defensora a ultranza de la plena autonomía fiscal, reclama con ardor la regulación por el Estado del desmadre de bonificaciones en ese impuesto para evitar la huida de capitales de la mano de moribundos o donantes.

La realidad fiscal en las distintas autonomías ha ido a la baja en los últimos años. El PSOE no se muestra contrario a esta tendencia, y el programa del PP se propone acabar con el impuesto sobre donaciones y sucesiones, mediante una bajada transitoria del 99% en las donaciones y herencias entre sujetos pasivos familiarmente cercanos. También la reducción del 99% alcanzaría a las adquisiciones de empresas, negocio profesional o participaciones. Ya es conocida la práctica exención que en el impuesto sobre el patrimonio disfruta el conjunto empresarial tras sucesivas rebajas. Así que a ambos tributos se les califica coloquialmente como impuestos de los tontos, porque sólo los pagan los que no saben evitarlos legalmente.

De tales actitudes podría desprenderse que las comunidades autónomas están sobradas de recursos. No debe ser así, aunque el Estado ha vaciado sus arcas, especialmente en su favor, pero bastaría acudir a las hemerotecas y ver con qué afán hacen recaer todo el ardor de las negociaciones en mejorar aún más su participación en los ingresos del Estado, en donde alcanzan ya un nivel, hasta hace poco impensable, en el IRPF, IVA e impuestos especiales. Y es que ese es otro cantar, en rebajar tributos no hay desgaste, antes bien se atraen votos para los políticos autonómicos, tantos o más de los que se logran con el dispendio de que hacen gala al prodigar, ante la proximidad de las elecciones, bonificaciones y deducciones en los impuestos progresivos, mientras, contradictoriamente, recaban la reforma de su sistema de financiación pedida con insistencia al ministro Solbes.

¿Dónde está la coherencia política? ¿Dónde la responsabilidad y solidaridad? Se hace necesario y urgente alejarse del desconcierto, que cada palo aguante su vela, que los distintos niveles de gobierno se arroguen de la imprescindible autoría en materia fiscal, que los ingresos públicos conlleven la ineludible corresponsabilidad. Que los ciudadanos no aplaudan la levedad del sistema, la pérdida de su escasa progresividad. No cabe la vanagloria hoy por la implantación de beneficios fiscales, y la patraña inmediata en el mañana de pregonar la escasez de medios y recabarlos del Estado sin compartir el desgaste recaudatorio. En todo caso, si se trata de mejorar el Estado de bienestar, con la razón se infiere que para prestar más y mejores servicios no cabe disminuir impuestos, ni aumentar beneficios fiscales, sobre todo cuando no se mejora, como es el caso, la productividad del gasto público, ni da más de sí la llamada curva de Laffer.

Francisco Poveda Blanco. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante