Competencia y mercado eléctrico
El modelo eléctrico español, que entró en revisión en septiembre de 2005 con la opa de Gas Natural sobre Endesa, dista mucho de estar resuelto con la conclusión de la batalla por la primera eléctrica española, que, por otra parte, puede guardar todavía sorpresas. Pero a la espera de que el calendario vaya ejecutando la cuenta atrás de la opa de Eon, la disputa no ha hecho más que empezar con las tomas de posición que, en el resto de las empresas del sector, ha provocado el órdago de la empresa controlada por La Caixa hace ya casi año y medio.
Las iniciativas de nacionalismo económico que en parte alentó el Gobierno en su poco justificado frentismo a la oferta de los alemanes por Endesa siguen vigentes, pero ya no ocultan la verdadera intención financiera de sus actores, cual es la toma de control de sectores estratégicos para la economía, y generadores de flujos recurrentes de beneficios, a pesar de que sus ingresos dependan, en buena parte, de decisiones políticas sobre las tarifas. En el argumentario de los compradores figura la necesidad de ganar tamaño para ganar también competitividad, aunque no está escrito en ningún manual de gestión que sean dos variables siempre unidas.
Lo que sí está escrito en la doctrina económica y consagrado en la legislación de varios países abiertamente liberales es que cuantos más operadores hay en un mercado, más dosis de competencia se le administran a la demanda. En el caso español, el propio Gobierno admite que no quiere operadores eléctricos que superen cuotas de mercado del 30% para garantizar una competencia razonable. Este criterio es claramente un aviso a navegantes antes de que se embarquen en aventuras financieras. Sin llegar a apurar los límites que el modelo británico impone a los operadores eléctricos, la lógica dicta que el Ministerio de Industria ha de ser muy escrupuloso en este criterio, tasando incluso en la legislación los umbrales que nunca deben ser rebasados. Y especificando si se refiere a la generación, el transporte o la comercialización, o a las tres cosas a la vez.
Eso sí, antes de hacerlo debe saber que su aplicación exige la firmeza suficiente como para exigirle a Eon, o a quien se quede con el control de Endesa, que debe desprenderse de una parte de su mercado, además de impedir otras operaciones que accionistas de primer nivel de las principales compañías eléctricas plantean abiertamente en el mercado.
Seguramente los organismos reguladores de los mercados como la Comisión Nacional de la Energía han estirado ya la interpretación de las normas más allá de sus límites razonables. Pero en ningún caso deben dejar dudas sobre los umbrales sagrados de la competencia, para que las compañías sepan que únicamente podrán ganar tamaño defensivo buscando oportunidades fuera de las fronteras nacionales. El argumento manoseado en el pasado reciente acerca de una unidad de mercado comunitario tiene lógica limitada: mientras la Unión Europea esté formada por mercados de servicios que replican las fronteras de sus países miembros, el protocolo de competencia exigible deberá limitarse a cada país, por muchos esfuerzos que haga Bruselas por dictaminar a nivel continental.