_
_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Ante la nueva demarcación registral

El pronóstico que muchos expertos economistas habían aventurado a finales del pasado año en lo relativo al mercado inmobiliario se está cumpliendo: los registradores de la propiedad ya estamos notando en nuestras estadísticas ese suave aterrizaje profetizado tanto en el número de viviendas transmitidas como en la desaceleración del aumento de los precios. La verdad es que el acierto en el pronóstico estaba cantado: la evolución de la población en España, fenómeno de la inmigración incluido, iba a desembocar en la conclusión lógica de una caída -no brusca, pero caída al fin y al cabo- en la presión de la demanda. Por muchos extranjeros, del sur y del norte, que compren viviendas en España, la población del país no puede absorber durante muchos ejercicios económicos la cifra de 800.000 viviendas nuevas al año.

Este retorno a la normalidad puede recortar las cifras récord alcanzadas por las empresas inmobiliarias y bancarias en los últimos balances, recorte que se trasladará, como es lógico, a todos los sectores -innumerables- que son anejos o satélites de la actividad constructora: materiales de obra, mobiliario, electricidad, fontanería y demás. Hasta los fabricantes de almohadas, por poner un ejemplo concreto, notarán el aterrizaje suave en sus cuentas de resultados. En la suavidad estará la clave que evitará una recesión brusca que nadie prevé ni desea.

Y, cómo no, también los registradores advertiremos -lo estamos advirtiendo ya- el descenso en el volumen de documentos notariales presentados a inscripción.

En estas circunstancias, se ha aprobado el pasado 9 de febrero, un real decreto de demarcación de los registros de la propiedad y mercantiles con alcance sobre todo el territorio nacional. El expediente se inició en 2004 y su elaboración en la Dirección General de los Registros y del Notariado ha sido muy compleja. Aunque por razón de fecha correspondía una demarcación parcial, realmente se tramitó como total y prueba de ello es que los datos estadísticos iniciales fueron recabados en todos los registros de la propiedad y mercantiles de España, lo mismo los de grandes capitales y municipios con crecimiento urbanístico notable que los de pueblos pequeños, que aún conservan el registro de la propiedad como exponente de la única oficina del Estado abierta en su ámbito.

La verdad es que la Administración bien podría haberse ahorrado la molestia de suministrar datos a los registradores ingresados en los últimos ocho o diez años. Con ello, además, el expediente no habría engordado tanto.

Lo cierto es que, tras arduos trabajos, se llegó al final a mediados del pasado año. La entrada en vigor del Estatuto de Cataluña, con atribución de competencias ejecutivas a la Generalidad en materia, entre otras, de demarcación registral, unido a la convocatoria anticipada de elecciones catalanas, supuso un alto en la tramitación del expediente. Al final, parece que todo se ha encarrilado y los registradores vamos a pasar de ser el millar, en números redondos, que ahora somos, a 1.300, ya que unas 300 son las nuevas plazas creadas con esta demarcación.

Es ésta la mayor creación de plazas que ha experimentado el cuerpo de registradores en tantos años de historia y, sin embargo, con tal de que la ejecución se haga con una prudente gradualidad, el Colegio de Registradores da la bienvenida a este aumento de plazas. Lo de la prudencia en la ejecución lo digo porque 300 registradores no se improvisan.

La formación de los opositores requiere unos tiempos inexcusables si no queremos que las oposiciones degeneren en un coladero, y -dada la hiperespecialización requerida actualmente en el ejercicio de las funciones registrales- no parece conveniente bajar el listón en las exigencias de entrada. El nuevo ministro de Justicia, número uno en unas oposiciones de fuerte exigencia como son las de acceso a las carreras judicial y fiscal, comprenderá sin esfuerzo esta preocupación del Colegio de Registradores. A ello hay que añadir la complicación derivada de la adecuación de los medios personales y materiales al nuevo mapa registral. El propio Consejo de Estado se ha hecho eco de estas dificultades poniendo en ello el mayor énfasis de su dictamen.

Ahora bien, las máquinas se instalan pronto, los programas informáticos se adaptan con relativa rapidez e, incluso, los locales -aunque con mayor dificultad- se acondicionan, pero en el camino está el drama del personal auxiliar, los trabajadores de los registros, que en algunos casos van a verse obligados a cambiar de oficina y tal vez de lugar de residencia. En ocasiones anteriores, los oficiales y auxiliares de los registros han dado un ejemplo encomiable de capacidad de adaptación. No esperamos menos de ellos en esta importante encrucijada.

Y esta actitud de favorable aceptación de la macrodemarcación aprobada por el Gobierno la mantenemos a pesar de ese descenso en el número de los títulos presentados a inscripción a que aludía al principio. El aumento de los registradores producirá un descenso en la carga de trabajo individual y ello desembocará en una mayor calidad y un mejor acierto en las calificaciones registrales, así como en la agilidad en la prestación de los servicios. Todo ello irá en beneficio de los numerosísimos ciudadanos usuarios de la institución registral y, en general, de la economía del país, que, en el fondo, es nuestra razón de ser.

Eugenio Rodríguez Cepeda. Decano del Colegio de Registradores de España

Archivado En

_
_