La gestión del suelo

Si existe un denominador común claro entre el Gobierno y las fuerzas políticas que le apoyan en el Parlamento sobre la futura Ley del Suelo es la apuesta porque las comunidades autónomas asuman competencias decisivas en la ordenación urbanística. El objetivo es restar margen a los ayuntamientos para incurrir en actuaciones arbitrarias que generen prácticas corruptas. Este es el sentido final de algunas de las nuevas enmiendas que se incorporarán el próximo miércoles en el Congreso a una ley tan controvertida. El problema deriva de la falta de compromiso del PP con esta ambiciosa reforma, teniendo en cuenta que gobierna siete comunidades y que más del 80% de los ayuntamientos están gestionados por los dos grandes partidos. Una asignatura pendiente de primer orden.