ACS consigue amplios derechos para votar en la junta de Iberdrola
ACS tendrá vetado el derecho de voto en las juntas de Iberdrola en asuntos como el presupuesto o la política de directivos, pero podrá ejercerlo para ratificar compras como la de Scottish Power, convocar juntas o cambiar los estatutos. Así lo decidió ayer la CNE en respuesta a la petición de la constructora para ejercer todos sus derechos en la eléctrica.
El consejo de la Comisión de la Energía decidió ayer levantar el límite de los derechos de voto de ACS en la junta de Iberdrola (situados por ley en el 3%) en cuestiones clave como la ratificación de la compra de Scottish Power; la modificación de los estatutos; el reparto de dividendo o la convocatoria de asambleas. El regulador energético ha desoído las alegaciones de Iberdrola, que pedía la prohibición absoluta para ACS más allá del 3% (en estos momentos, tiene el 12,44% y aspira al 24,9%) por tener el control exclusivo de Fenosa con un 40%. Por el contrario, ha tenido en cuenta los argumentos de la constructora que preside Florentino Pérez, que han sido avalados por los propios servicios jurídicos de la Comisión.
Así, frente a los precedentes, como el de la incompatibilidad de La Caixa en Endesa, en el que el regulador dijo a la entidad lo 'que sí podía votar' en las juntas de la eléctrica (las cuentas anuales y el reparto de dividendo), en este caso, el dictamen establece 'lo que ACS no puede votar' en las asambleas de Iberdrola, por lo que el campo de posibilidades es mucho mayo. Según los servicios jurídicos de la CNE, teniendo en cuenta que el Real Decreto 6/2000 que impone estas restricciones, al limitar derechos fundamentales, como el de la propiedad privada, se hacía necesario precisar lo que la compañía afectada no puede hacer. En otras palabras, ser menos restrictivo y más nítido.
En este sentido las prohibiciones son las siguientes: ACS no podrá votar los presupuestos de Iberdrola; sus planes estratégicos; la política de nombramientos y organización de directivos; el aprovisionamiento de combustibles y materias primas para el desarrollo de la actividad eléctrica y aspectos relacionados con la política de precios o canales de venta. Tampoco podrá votar las inversiones y desinversiones estratégicas, salvo las sometidas a autorizaciones administrativas por regirse por un procedimiento especial.
Seguirá sin poder acceder al consejo, pero tendrá voto en cambios de estatutos
Así, la constructora podrá votar en la próxima junta de Iberdrola la compra de Scottish Power, la eléctrica británica sobre la que mantiene una opa amistosa que, precisamente, fue autorizada ayer por la CE desde el punto de vista de la competencia. También las ampliaciones de capital, como la prevista para la financiación de una operación, que se decidió a espaldas de ACS.
Al no estar en la lista de prohibiciones de la CNE, ACS también podría convocar juntas extraordinarias o incluir puntos en el orden del día de las ordinarias (pueden hacerlo los accionistas con más del 5%) y promover un cambio de los estatutos de la eléctrica, que también limitan el voto al 10% en la actualidad (el levantamiento de este blindaje requiere el refrendo del 75% del capital). En relación con las materias prohibidas, ACS no podrá aliarse con otros accionistas para votarlas o bloquearlas, ni podrá 'intercambiar información estratégica sobre Fenosa con otros accionistas de Iberdrola'.
La cúpula de la constructora acogió ayer con satisfacción la resolución del regulador. De facto, le confiere amplios poderes en la participada, a pesar de ser el primer accionista en la rival directa Fenosa. En Iberdrola, los derechos de voto que ha pedido el grupo presidido por Florentino Pérez son 'consustanciales a la participación', han argumentado fuentes de la empresa. La intención de ACS, además, es seguir aumentando su peso en esta eléctrica a 'un precio razonable', indicaron.
Por su parte, la eléctrica, que puede recurrir la decisión ante Industria, considera que 'ha sido una solución salomónica', pues ACS no podrá ejercer los derechos 'que afecten a la estrategia de Iberdrola', aunque reconoce que el permiso es mucho más amplio que el que recibió La Caixa o el BBVA. En cualquier caso, la CNE prohíbe expresamente a ACS nombrar consejeros en Iberdrola.
816 millones de ayuda fiscal por la británica
La Comisión Europea autorizó ayer sin condiciones la compra de Scottish Power por Iberdrola pero, en una decisión sin precedentes recientes, ha calculado los beneficios fiscales que reportará a la española su compra en otro país europeo. El novedoso análisis ha sido espoleado por las repetidas quejas del Scottish Nacional Party (SNP), un partido nacionalista que teme el impacto de la fusión en la identidad de la eléctrica escocesa. El SNP no ha conseguido su objetivo de obstaculizar la opa de la española, pero sus protestas han colocado en el punto de mira de la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, unos incentivos fiscales que en los últimos años han aprovechado, entre otras, Telefónica, Abertis o el banco Santander. Si Bruselas llegara a declarar ilegales esas ayudas, el Estado tendría que exigir a las empresas su devolución, informa Bernardo de Miguel. En el caso de Iberdrola, Bruselas cree que el incentivo puede llegar a ser 'hasta el 10% de los ingresos de Scottish en 2006' (5.446 millones de libras), por lo que Iberdrola podría desgravarse, según calcula la CE, hasta 816 millones. Competencia reconoce que esa ayuda 'no supone una amenaza para los mercados energéticos de Reino Unido o España', pero advierte que no exime a la ley española de una posible investigación según la normativa europea sobre ayudas de Estado.