Una supervisión bajo consenso
La iniciativa de las autoridades económicas para reformar la supervisión del sistema financiero sugiere, antes que nada, el interrogante de si es necesaria. Y basta un somero repaso a su estructura para darse cuenta de que es así. Los argumentos a favor de la reforma aumentan si el objetivo es introducir más racionalidad, en línea con las directrices marcadas por diversos organismos internacionales, además de seguir la experiencia contrastada en otros países y aplicar las normas comunitarias. Si, al mismo tiempo, se trata de simplificar la supervisión, en el sentido de hacerla más eficaz para las empresas y más comprensible para los ciudadanos, la iniciativa se hace acreedora de apoyo.
A la espera de que la 'reflexión' del Ministerio de Economía pase al papel, los primeros esquemas sugieren que se está en la vía buena. El proyecto prevé la asunción de las tareas de supervisión de la solvencia del sistema por el Banco de España y la cesión a la CNMV del control de la actividad de negocio. Y ambos se repartirían las funciones de supervisión del sector de seguros -hoy dependiente de Economía-. Es un proceso paralelo al que avanza, con plausible consenso parlamentario, para la nueva Ley de Competencia, que también desliga de Economía esta actividad para pasarla a la nueva Comisión Nacional de Competencia.
El plan diseñado por el equipo de Pedro Solbes es una vacuna contra el intervencionismo: retira al Gobierno de turno toda labor de supervisión, en favor de organismos independientes. Pero para que esa independencia sea real no sólo hacen falta buenas leyes, sino un consenso político impecable. La oferta al primer partido de la oposición para pactar la reforma, así como la respuesta de PP que la considera 'razonable' abren espacio a la esperanza. Que no haya acuerdos en otros campos de la política no debe impedirlo en algo vital para el sistema financiero, es decir, para el bolsillo de España y de los españoles. Porque una reforma de tal calado -que debe incluir también la Ley de Cajas y resolver lagunas como la de la inversión en bienes tangibles- vale mucho menos sin consenso.