La posible dimisión del magistrado Tremps eleva la pugna entre PSOE y PP
El futuro del Estatuto de Cataluña y también el del resto de las reformas que incorporan niveles similares de autogobierno está en juego. Así lo han entendido el PSOE y el PP, formaciones que libran una nueva batalla política después de conocerse el pasado lunes la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez-Tremps por haber elaborado en 2004 un informe sobre la capacidad de la Generalitat en política exterior, parte de cuyos criterios fueron incorporados el año pasado a un Estatuto sobre el que tendrá que pronunciarse el propio Tribunal tras el recurso presentado en su día por el PP.
La dimisión del magistrado después de triunfar la recusación generaría en el Tribunal una vacante que correspondería cubrir al Gobierno. Dado el equilibrio de fuerzas existente en el Tribunal Constitucional, el PP considera que entonces habría una mayoría de magistrados favorable a la actual redacción del Estatuto y, por tanto, a rechazar su inconstitucionalidad. En el supuesto de que Pérez-Tremps no dimitiera y, por tanto, que no se generara vacante alguna y tuviera que mantenerse al margen de la deliberación, es muy probable que la votación final sobre el recurso presentado por el PP favoreciera los argumentos de los populares y, por tanto, que parte del Estatuto catalán quedara invalidado.
El propio magistrado confirmó ayer a la cadena Ser que está considerando la posibilidad de presentar la dimisión. 'Confieso que hay decisiones que no hay que tomarlas en caliente. Voy a valorar cuál es mi situación personal e institucional tras una decisión de esta naturaleza y cuando tenga una decisión tomada se la comunicaré a la presidenta del Tribunal, pero sí me lo voy a plantear por lo menos'.
El portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, y la responsable de asuntos autonómicos, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvieron ayer que una dimisión de Pérez-Tremps constituiría 'un fraude de ley'. Ninguno de los dos se atrevió a precisar las iniciativas que en este supuesto promovería el PP, aunque fuentes del partido no descartan recurrir a los tribunales europeos. 'Se nombraría por parte del Gobierno un magistrado ad hoc para que enjuicie el Estatuto, lo cual sería un exceso', señaló Trillo.
Preocupación en el Gobierno
Tremps se refirió ayer implícitamente a esta posición del PP. 'Los que dicen que sería indigno que yo ahora dimitiera son los mismos que decían que yo me tenía que ir. No entiendo como algo puede ser para unas personas una cosa y seis meses después la contraria'.
La situación que se ha creado preocupa en el Gobierno y en la dirección del PSOE no sólo porque contribuye al desprestigio del Tribunal Constitucional sino porque el resultado de esta pugna política puede llegar a cuestionar el Estatuto catalán, ya en vigor después del referéndum, así como todos los que incluyen techos de autogobierno similares.