Banesto impulsa más de ochenta propuestas para ayudar a las pymes
Piden el despido de 33 días en empresas de menos de diez empleados
Cuando un emprendedor se tira a la piscina y asume el reto de crear una empresa, todos los intermediarios y autoridades deben ponérselo más fácil', aseguraba ayer Ana Patricia Botín, presidenta de la Fundación Cultural Banesto.
Para aumentar las facilidades a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la hora de crearse y desarrollarse, esta fundación, junto a la patronal madrileña (CEIM) y la Fundación Sagardoy han elaborado un libro blanco con nada menos que 83 propuestas para reformar las leyes que tienen que ver con los marcos fiscales, administrativos, mercantiles y laborales de estas empresas.
La patronal madrileña ha sido la encargada de proponer las reformas relacionadas con una de las demandas históricas de los empresarios: rebaja de impuestos.
Medidas fiscales. En primer lugar, los expertos proponen ampliar el ámbito de aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión del impuesto sobre sociedades a aquellas que tengan una cifra de negocio inferior a 15 millones de euros (actualmente fijado en ocho millones).
Asimismo sugieren crear nuevas deducciones, como por ejemplo, por inversión en empresas de reducida dimensión y la mejora de algunas existentes, como la de I+D+i, tanto en la cuota como en la base.
Demandan también reducir del 35% al 20% el tipo de retención de los miembros de los Consejos de Administración de las pymes; y establecer una deducción en el IRPF por gastos de formación del empresario, así como mejorar la ya existente por las cantidades depositadas en una cuenta ahorro-empresa. Y como propuesta novedosa, plantean crear una deducción específica por gastos relacionados con patentes.
Marco laboral. Entre las modificaciones que se aplicarían al mercado de trabajo de las pymes destaca la rebaja de la indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades en todas las empresas que tengan hasta 10 trabajadores. Asimismo, el libro blanco sugiere, que en las empresas de menos de 25 trabajadores, el Fogasa pague el 60% de las indemnizaciones por despido frente al 40% actual.
Otra de las medidas, que encontraría mucha aceptación entre los pequeños empresarios sería la de exonerar a las empresas de menos de diez trabajadores del pago de las bajas laborales hasta el día 15, en los casos de enfermedad común.
Mercantiles. Entre las 18 medidas diseñadas en este apartado, resalta una importante simplificación en la legislación que regula la constitución de sociedades de pequeña dimensión. En concreto, prevé que dicha constitución 'se realizará cumpliendo los mismos requisitos de escritura pública e inscripción en un único registro personal de publicidad jurídico-privada, llámese registro mercantil o de empresa'. Esto daría mayor seguridad jurídica, según Juan Antonio Sagardoy, presidente de la fundación que lleva su nombre; y evitaría la proliferación de posteriores fraudes fiscales.
En lo que se refiere a la constitución de sociedades, Ana Patricia Botín recordó que en todas las oficinas de Banesto se puede crear una pyme en 48 horas, 'sin ningún coste adicional'.
El libro blanco también propone suprimir el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas, que regula la representación proporcional del accionista minoritario en el Consejo de Administración, para simplificar su funcionamiento. Finalmente propone que la ley permita expresamente acumular la condición de administrador y de miembro del Consejo de Administración.
Administrativas. El informe plantea la necesidad de simplificar trámites y procedimientos administrativos para empresas de reducido tamaño. Para ello, piden la simplificación de la acreditación para contratar con la administración pública, de tal manera que ésta le sea solo solicitada al adjudicatario y no al resto de los licitadores, a los que les valdría una declaración responsable de su cumplimiento.
También reclaman que el tiempo previsto en las leyes para que las Administraciones Públicas devuelvan o cancelen las garantías de pago se reduzca de un año a seis meses, 'puesto que el actual plazo obliga a la pyme a tener inmovilizado una importante cantidad de dinero o a hacer frente a los gastos financieros derivados de la contratación del aval o del seguro de caución.
En cuanto a la morosidad, sugieren que si la demora en el pago de la Administración Pública fuese superior a seis meses, frente a los actuales ocho meses, el contratista tenga derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios originados.