Con acuerdo y sin riesgos
A lo largo de los últimos años, desde el año 2000 concretamente, se viene consiguiendo un superávit en la caja de la Seguridad Social cuya cuantía se estima que se elevará a finales de 2007 a la importante suma de más de 42.000 millones de euros, invertidos en deuda pública. Por ello, en los últimos tiempos se viene hablando de la necesidad de modificar la Ley 28/2.003 de 29 de septiembre reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social de forma que se pueda, también, invertir en los mercados de valores y en títulos emitidos por personas jurídicas privadas y no forzosamente en personas y deuda públicas.
Tal cuestión ya fue planteada por resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el 23 de mayo de 2006, donde se instaba al Gobierno a los cambios normativos precisos para obtener, entre otras cuestiones, mayor diversidad y rentabilidad; analizando las posibilidades inversoras sobre la base de los principios de rentabilidad económica, economía de gestión, seguridad y transparencia, evitando la inversión en activos que no coticen en mercados organizados, y definiendo el cálculo de excedentes en el ámbito del sistema de la Seguridad Social.
La cuestión no es si se puede modificar o no el Fondo sino el cómo. Porque un asunto de esta envergadura debe obtener inexcusablemente el apoyo de los interlocutores sociales y el mayor acuerdo político, con el aval parlamentario mínimo de los dos grandes partidos, desde el respeto y consideración a las directrices del Banco de España, y a los principios de seguridad o mínimo riesgo, transparencia que garantice la información pública y evite la opacidad de las inversiones, tanto en aspectos técnicos como materiales o del destino de lo invertido. También con neutralidad que impida la distorsión de mercados o de los consejos de las empresas y de sus cargos directivos en beneficio partidista del político de turno, así como diversidad (múltiples posibilidades financieras: inversión en mercado de valores, capital riesgo, productos financieros de las empresas aseguradoras o innovadoras que pueda ofertar el sistema bancario, etcétera), y, desde allí, pretender la mayor y mejor rentabilidad, no meramente especulativa.
Quiero resaltar, junto al factor seguridad, el principio de neutralidad, con las limitaciones de inversión en empresas y sectores que resulten precisas para garantizarlo, como elemento básico para la estabilidad y confianza mutua de todos los agentes implicados -sociales, políticos y económicos- y eludir su politización. Es decir, se debe preservar, a toda costa, el caer en riesgos y peligros innecesarios tanto como en juegos especulativos arriesgados que perjudiquen la positiva evolución del Fondo. Por ello, sin el cumplimiento de estos parámetros mejor será quedarnos como estamos.
Por otra parte, quiero exponer mi criterio de que todos los fondos, superávits, excedentes e intereses se deben invertir o reinvertir en el Fondo y destinarlos exclusivamente a factor de estabilización y corrección de los déficit del sistema, que en pocos años se producirán. La cuantía acumulada parece grande y lo es, pero la importancia del sistema de la Seguridad Social como base fundamental de la cohesión y convivencia social no debe abrirnos los ojos y cegarnos con el Fondo, y sí comenzar la transición ordenada de la Seguridad Social de modo que garantice su viabilidad futura y que los pensionistas tengan la plena garantía de la seguridad de sus pensiones y los cotizantes también la tengan de que las prestaciones que le ofrece el sistema público se van a cumplir incluso en los ciclos económicos y demográficos negativos que pronto llegarán. A la pereza del Gobierno de afrontar la solución a esta situación, desde el Partido Popular, como oposición, estamos dispuestos a dialogar y actuar para conseguir tales fines. Por estas razones, y por el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consideramos que para 2008 se debe hacer el esfuerzo -ausente en el Gobierno socialista- de que los complementos a mínimos sean financiados con la imposición general; esto, en el momento presente, significaría una inyección adicional al Fondo de más de 3.200 millones de euros más que conveniente a la vista de nuestro futuro próximo.
José Eugenio Azpiroz. Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados