COLUMNA

Perplejidades británicas

Tres días después del atentado del 30 de diciembre recogía en la T4 de Barajas a mi viejo amigo Norman que llegaba de Londres para pasar unos días en Madrid. Aunque apenas pudimos ver la masa de escombros en que quedó convertido el estacionamiento, aquello provocó inmediatamente una serie de preguntas por parte del gran conocedor de la actualidad española que es este entusiasta hispanista.

Repasamos la resolución aprobada por el Congreso con motivo del debate sobre el estado de la nación en mayo de 2005, que después de afirmar que el destino de ETA era disolverse y deponer las armas condicionaba el diálogo para el fin de la violencia a la existencia de actitudes inequívocas que manifestasen una clara voluntad de terminar con la misma, advirtiendo que aquel respetaría el principio según el cual la cuestiones políticas se resolverían únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

Como es normal, imaginaba mi amigo la esperanza que ello despertó entre los ciudadanos, especialmente entre aquellos que en el País Vasco viven protegidos por escoltas y acosados por la indiferencia general ante sus temores. Para no pocos de ellos ese diálogo era oportuno porque ETA estaba derrotada y tan fuerte era su comprensible esperanza que a quienes expresábamos tímidamente alguna duda -basada en lo sucedido en ocasiones anteriores- nos tildaban de acólitos de una política agorera negada al razonamiento. En todo caso, se afirmaba, no había precio que pagar que requiriera el pacto con el PNV.

Recordaba Norman que a finales de junio de ese año el presidente ZP anunció en un salón del Congreso -no en el hemiciclo- que el Gobierno no pagaría un precio político por la paz, que se mantendría la vigencia de la Ley de Partidos, que se respetarían las decisiones de los vascos... si éstas respetaban a su vez las normas y procedimientos legales, y que el ministro del Interior informaría del 'proceso' a finales de septiembre.

¿Y después qué sucedió? Mi respuesta a esta pregunta fue cauta y me limité a decirle que durante el verano y el otoño el Gobierno guardó un silencio que fue interpretado como discreción impuesta por unas conversaciones difíciles, al tiempo que buena parte de la opinión pública se alarmaba paulatinamente por las noticias indicando que, no obstante los desmentidos del Gobierno, la banda terrorista podía estar utilizando esos meses para reorganizarse y rearmarse. Por su parte diversos portavoces del nacionalismo radical, e incluso de la propia ETA, advirtieron que 'las cosas' no marchaban bien, pero a mediados de diciembre la prensa anunciaba que días antes representantes del Gobierno y de ETA se habían reunido sin llegar a acuerdo alguno, si bien los primeros no temían por la continuidad del proceso. Sin duda confiado en esas informaciones, el presidente del Gobierno afirmó el día antes del atentado su confianza en que el futuro próximo sería mejor que el pasado cercano.

Durante su estancia en Madrid, seguimos conversando largamente y poco a poco mi amigo comenzó a opinar. Repitió que no sólo el caso del Ulster era muy diferente del vasco sino que, en su opinión, Tony Blair había cometido varios errores, el principal de los cuales fue que después de asegurar que no permitiría que representantes de la voluntad popular se viesen obligados a compartir el Gobierno y las instituciones democráticas con un partido ligado a una organización terrorista acabó cediendo al Sinn Fein el papel de elemento básico del proceso a pesar de incumplir las reglas democráticas, simplemente calculando que así se lograría el alto el fuego del IRA.

Me temo que en España, añadió, se haya cometido el mismo error; es decir, aceptar hablar de cuestiones políticas antes que de la renuncia a las armas -dos semanas después la prensa revelaba que ETA había exigido la constitución de la mesa de partidos con prioridad a las medidas relativas a sus presos-. Una vez realizado el atentado del 30-D la posición de Zapatero es, pensaba, muy delicada porque, pese al malicioso intento de arrinconar al PP, una nueva bomba de ETA podría acabar con su carrera política mientras que corre el riesgo de que cesiones imprudentes ante el chantaje de la banda o su entorno le enfrenten a una mayoría de la opinión pública española, con las consiguientes secuelas para las elecciones de 2008. La única forma de romper ese peligroso dilema consistiría, me dijo, en un gran acuerdo con el PP.

No entendía las razones del encarnizamiento entre los dos dirigentes y sus dos partidos: ni John Major dejó jamás de contar con el apoyo y la opinión de Blair, ni éste, con una mayoría absoluta aplastante desde mayo de 1997, se permitió ignorar al Partido Conservador. En esto sí deberíamos mirarnos en el espejo inglés.

Raimundo Ortega. Economista