La Comisión expedienta a España por no retirar las condiciones a la OPA de E.ON sobre Endesa
La Comisión Europea ha abierto hoy un nuevo expediente contra España por no retirar las condiciones que el Ministerio de Industria impuso a E.ON para adquirir Endesa, el pasado 3 de noviembre. Desde el principio, Bruselas ha declarado ilegales estas restricciones por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías, y el derecho de establecimiento. Este nuevo expediente se acumulará al procedimiento de infracción que Bruselas abrió en octubre pasado contra la Comisión Nacional de la Energía española por las condiciones que en un primer momento había fijado para la OPA, y que luego fueron sustancialmente rebajadas por Industria y aceptadas por el grupo eléctrico alemán. Los dos procedimientos se tratarán a partir de ahora de manera conjunta.
Desde hoy mismo, Bruselas da 15 días al Gobierno para que presente de nuevo sus alegaciones. Si no las considera satisfactorias, enviará un dictamen motivado pidiendo formalmente de nuevo que se retiren las condiciones, paso previo para presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El 26 de septiembre de 2006, el Ejecutivo comunitario declaró ilegales las condiciones iniciales impuestas por la CNE y exigió a España que las retirara de inmediato. Como las autoridades españolas no actuaron dentro de plazo, Bruselas envió una primera carta de emplazamiento, primera fase del procedimiento de infracción, el 18 de octubre de 2006.
En su respuesta, las autoridades españolas alegaron haber rebajado las condiciones de la CNE. Pero la Comisión no quedó satisfecha. Cree que Industria se limitó a retirar algunas condiciones, reducir la duración y el alcance de otras, precisar otras exigencias y sustituir algunos requisitos por nuevas condiciones.
En el expediente complementario lanzado este miércoles, el Ejecutivo comunitario constata que "la disminución de la duración y el alcance de algunas condiciones, así como las aclaraciones aportadas por la decisión ministerial, no son suficientes para que la decisión del 26 de septiembre sea plenamente respetada".
Por lo que se refiere a las nuevas exigencias -entre las que se encuentra la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de cinco años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española, Bruselas constata que el Gobierno tampoco ha cumplido con la exigencia de retirarlas antes del 19 de enero y por tanto las acumula al procedimiento.
El Ejecutivo comunitario ya denunció la semana pasada a España ante el Tribunal de Justicia en un procedimiento paralelo sobre la OPA de E.ON. En este caso, la denunció por el decreto que amplió las competencias a la CNE y la facultó para imponer condiciones a la OPA de E.ON, al considerar que obstaculiza indebidamente la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.