La CNE estudia otorgar a ACS algunos derechos políticos en la junta de Iberdrola
El permiso que ACS pidió a la CNE en octubre para poder ejercer los derechos políticos de su participación en Iberdrola podría resolverse de forma salomónica. Así, el regulador le otorgaría el derecho de voto en las juntas, ahora limitado por ley, pero sólo para cuestiones no estratégicas. Iberdrola ha decidido no oponerse ni apoyar esa petición en el proceso de alegaciones que termina el jueves.
El consejo de la Comisión Nacional de la Energía tiene previsto resolver el próximo 8 de febrero la petición que, a principios de octubre, le hizo ACS para que el regulador le permita ejercer los derechos políticos de toda su participación en Iberdrola, que ya roza el 12%. Al ser accionista de otro operador principal del sector eléctrico (tiene un 40% de Unión Fenosa), el grupo que preside Florentino Pérez no puede estar representado, al tiempo, en el consejo de Iberdrola ni ejercer en las juntas de accionistas derechos políticos por encima del 3%.
La autorización para ejercerlos en las participaciones que excedan de ese límite (fijado en el artículo 34 del real decreto de junio 2000 de fomento de la productividad), ha de otorgarla la CNE que, hasta ahora, ha obligado a los accionistas incompatibles a optar entre uno de los dos consejos de sus participadas. Fuentes cercanas al regulador aseguran que tampoco en este caso ACS podría estar presente, al mismo tiempo, en los consejos de Fenosa (donde tiene 10 de los 22 consejeros) e Iberdrola. Este extremo también parece descartarlo la propia empresa constructora, que entró en el capital de la eléctrica vasca a finales de septiembre.
La cuestión se centrará sólo, según las mismas fuentes, en los derechos que ACS podrá tener en la junta de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán. En este caso, y así lo acordó el regulador en los expedientes de La Caixa (que tuvo que optar entre los consejos de Endesa y Gas Natural) y del BBVA (al que también se exigió que eligiera entre Repsol e Iberdrola), se le podría otorgar los derechos de voto sólo para cuestiones consideradas no estratégicas, entre las que se encuentran la aprobación de planes de inversión o la hipotética fusión entre Fenosa e Iberdrola a la que, según se informó en su día, aspira ACS con su incursión en la segunda eléctrica española.
En los casos de La Caixa y el BBVA (aunque ambas acabaron saliendo de Endesa y Repsol, en las que tenían un 5%, respectivamente), la CNE les prohibió la designación de consejeros y votar 'asuntos estratégicos'. De hecho, sus derechos políticos quedaron limitados a las cuestiones relativas 'a la protección de los derechos de los accionistas minoritarios': la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados (reparto de dividendo).
No obstante, no se descarta que en el caso de ACS el regulador pueda ser más permisivo, pues el real decreto le otorga la posibilidad de una interpretación más amplia. Por ejemplo, permitiéndole, puntualmente, votar en temas estratégicos, previa petición al regulador.
Por el momento, dentro del trámite de autorización, para el que la Comisión de la Energía cuenta con cuatro meses de plazo, se ha abierto el periodo reglamentario de audiencias, en el que pueden presentar sus alegaciones las tres empresas implicadas. En este caso, Iberdrola ha decidido no oponerse ni apoyar la petición de ACS. Fuentes de la eléctrica aseguran que la compañía todavía está estudiando si presenta o no alegaciones. En cualquier caso, añaden, 'si las presentamos serán puramente formalistas, sin entrar en el fondo de la cuestión'.
Iberdrola, que se manifestó en principio en contra de que ACS ejerza el poder en las dos operadoras eléctricas, quiere evitar que se avive la polémica sobre el enfrentamiento entre Florentino Pérez y Sánchez Galán. Este se aireó tras conocerse que la opa que Iberdrola mantiene sobre Scottish Power fue formulada a espaldas del primer accionista, ACS. Al fin y al cabo, aseguran fuentes del sector, Iberdrola considera que las posibilidades de que la petición de la constructora a la CNE prospere son escasas, dados los antecedentes.
Poder para aprobar las cuentas y el reparto de dividendos
La CNE no ha tomado ninguna decisión sobre la petición de ACS para ejercer sus derechos políticos en Iberdrola. El ponente del expediente es el consejero José Sierra y faltan aún su ponencia y el informe de los técnicos. No obstante, dados los antecedentes recientes de La Caixa y el BBVA (éste también pidió lo mismo que ACS en el caso de su participada Repsol, de donde tuvieron que salir sus dos consejeros), todo indica que el nombramiento de consejeros en Iberdrola será casi imposible para ACS. En cuanto a los derechos en las juntas, salvo una interpretación laxa de la norma por el regulador, podrían limitarse a la aprobación de las cuentas, el informe de gestión y el reparto de dividendos. Este reparto no se considera estratégico, aunque, dado lo ocurrido en Endesa, hay quien sí lo califica como tal.