La contienda por el sistema de dependencia
En los próximos meses se concretarán las prestaciones a las que tendrán derecho los dependientes y sus familias, de acuerdo con la nueva Ley de Dependencia aprobada el pasado 14 de diciembre. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha sido creado para desarrollarlas. En este foro participan la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Este consejo delimitará los criterios para acceder a servicios para dependientes. Lógicamente, a más y mejores servicios corresponderá un mayor coste. Así, resulta curioso que, antes de que se haya definido el tipo de prestaciones, su nivel de intensidad o la fórmula de financiación entre lo público y lo privado, comience a hablarse ya de que la financiación resulta insuficiente.
Y es que este nuevo pilar del Estado de bienestar añadirá presión presupuestaria, especialmente en las comunidades autónomas. Ya vemos cómo algunas actúan estratégicamente, solicitando más recursos con afán de marcar posiciones de negociación. Sin embargo, es contradictorio ponerse la venda antes de tener la herida, máxime cuando la ecuación presupuestaria que equilibra ingresos y gastos se definirá teniendo en cuenta que los propios dependientes y su entorno familiar contribuirán a la financiación del sistema, a través del denominado copago.
El copago es una fórmula políticamente espinosa de financiar y racionalizar el gasto social. De hecho en España es habitual que los ciudadanos reciban gratuitamente servicios que, en otras naciones más ricas, salen del bolsillo de los beneficiarios. Este cambio de filosofía no sólo aumenta la responsabilidad de los usuarios, sino que además contiene el gasto.
Es difícil conocer a priori cómo y en qué cuantía contribuirán individualmente al copago los beneficiarios del sistema (globalmente se habla de un 30% de los costes), pero dado que actualmente son las familias las que soportan básicamente los costes de la atención a los dependientes, y en el futuro habrá un apoyo mayor por parte del Estado, serán ellas las que saldrán claramente beneficiadas. Aunque el SAAD no sea una panacea, es seguro que mejorará la situación económica y personal de muchos dependientes con escasos recursos y facilitará el día a día de muchas de sus familias. Otras ventajas para los ciudadanos serán los beneficios fiscales que ya figuran en la nueva Ley del IRPF para las aportaciones que se destinen a seguros de dependencia y el desarrollo de fórmulas de financiación del copago como las hipotecas inversas o las rentas vitalicias.
En conclusión, estamos ante los inicios de una contienda -más estratégica que real- entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas por la financiación del SAAD. Centrarse hoy en esta discusión es poco práctico ya que técnicamente no se podrá estimar adecuadamente el coste anual del sistema hasta que no funcione a pleno rendimiento, cubriendo a la totalidad de los potenciales beneficiarios (moderados, severos y grandes dependientes) con la totalidad de las prestaciones y servicios previstos en la ley (atención residencial, centros de día y de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia y prevención de situaciones de dependencia), lo que no ocurrirá antes de 2015 de acuerdo con el calendario previsto de aplicación progresiva del sistema. Lo que verdaderamente les interesa a los ciudadanos es que se establezca un sistema social que permita obtener del SAAD una atención especializada, profesional, completa y dedicada a los dependientes y un apoyo profesional y continuado para sus familias. Es lo que debe exigirse al flamante Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Ernesto Sanz. Director de Vida y Pensiones de Caser