Evaluación continua a la Administración
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, que acaba de iniciar su andadura, ha fijado su primer objetivo en resolver una carencia medular de la actividad económica española: las trabas burocráticas a la creación de empresas. Acabar con ese obstáculo es imprescindible para acentuar la capacidad emprendedora, sobre todo de aquellos que dan sus primeros pasos en el mundo de la empresa. Que España sea, junto a Portugal, el país de la UE-15 en el que más dificultades administrativas existen para dar a luz a una empresa, además de situarnos a la cola del mundo desarrollado en este campo es un desincentivador de las nuevas ideas que no hace sino disminuir la iniciativa privada. Bienvenidas sean las soluciones a una insuficiencia por la que, incomprensiblemente, el plazo para crear una empresa se extiende hasta casi dos meses, además de ser necesario pasar hasta por 10 ventanillas diferentes.
A este loable proyecto se unen otros no menos destacables. La nueva agencia prevé emitir antes de fin de año un informe sobre los verdaderos efectos de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y la eficacia de las políticas activas de empleo. Y otros trabajos se orientarán a medir la eficacia del gasto fiscal o el cumplimiento del Plan Nacional de Reformas.
La Agencia de Evaluación es una buena idea. Tras ella subyace la filosofía de que no basta hacer leyes y reglamentos, sino que deben ser eficaces y conseguir sus objetivos. Saber, en fin, si lo que la Administración gasta lo está gastando bien. Se trata de una nueva cultura de la gestión en las Administraciones públicas, que evaluará los servicios que se prestan con criterios objetivos. Una fórmula cuyos buenos resultados ya se han contrastado en los países nórdicos o en el Reino Unido.
Contribuir a mejorar los servicios públicos, introducir racionalidad en el gasto y mayor transparencia y participación de los agentes económicos y sociales es un gran objetivo. Y el empeño es tan necesario como encomiable. Para cumplirlo se requiere también la participación de las autonomías, un paso que aún está por dar. El reto de la agencia está claro para su director, Juan Antonio Garde: ganarse la credibilidad y probar su independencia. Esa será su propia evaluación.