El Gobierno deslindará 2.200 kilómetros de costa en dos años
El Ejecutivo quiere que los 10.000 kilómetros de litoral, en los que se incluyen ríos y estuarios, sean de dominio público a final de la legislatura. Para ello deberá delimitar los 2.200 kilómetros que le quedan e incorporar 135 fincas privadas de alto valor medioambiental, que serán adquiridas o por acuerdo o por expropiación forzosa.
El Ministerio de Medio Ambiente tendrá que pisar fuerte el acelerador para que se cumpla el objetivo fijado en su plan de deslindes: que los 10.000 kilómetros de costa que forman el litoral español (costa, estuarios y ríos) pasen a formar parte del dominio público cuando acabe la legislatura.
Según los últimos datos de Medio Ambiente, correspondientes a finales de diciembre, hay 7.800 kilómetros de litoral que pertenecen ya al dominio público. Por lo tanto, al Ejecutivo le quedan 2.200 kilómetros de costas para deslindar, lo que le va a obligar a duplicar el ritmo para cumplir el objetivo, ya que la media de los últimos diez años no ha superado los 450 kilómetros. Si se suman las cantidades deslindadas en 2005 y 2006 (1.046 kilómetros), apenas representa la mitad de lo que queda pendiente en menos de dos años.
A este hecho se le suma la lentitud en la tramitación de los expedientes de deslinde, que en muchas ocasiones se demoran por la interposición de recursos de particulares, lo que supone un obstáculo burocrático para los intereses del Ejecutivo.
Las prioridades en el deslinde se centrarán en el Levante y las costas andaluzas. De hecho, las cuatro provincias que más territorio tienen pendiente de deslinde están en esas zonas: Málaga (43,8%), Murcia (38,8%), Alicante (34,3%) y Huelva (31,6%).
Al programa de deslindes, Medio Ambiente ha sumado otro de adquisición de parcelas de titularidad privada, consideradas de alto valor ecológico o que no cuentan con la suficiente protección. En el programa, que cuenta con una dotación con cargo a los Presupuestos del Estado de 20 millones de euros anuales, se han incluido 167 fincas privadas, de las que ya se han valorado 32 fincas, en las que se ha iniciado el expediente de adquisición. Este se hará, en primera instancia, mediante un acuerdo privado con el propietario. Si no se produjese, el Ministerio iniciaría una expropiación forzosa del terreno para la fijación de un justiprecio. Así pues el Ejecutivo iniciará en breve los trámites para adquirir 135 fincas hasta final de legislatura.
Greenpeace culpa a los cambios normativos
María José Caballero, responsable de la campaña de costas de Greenpeace, achaca directamente a las modificaciones introducidas en el año 2002 en la ley de Costas como las responsables de la fuerte presión urbanística sobre el litoral. Entre los cambios se incluyó la posibilidad de edificar a menos de 20 metros (la distancia mínima establecida para edificar en el caso del suelo urbano mientras que esa distancia se eleva a 100 metros en el caso del no urbano) cuando existan un conjunto de edificaciones situadas a una distancia inferior a 20 metros del mar.Asimismo, Greenpeace valora los efectos negativos de otro cambio, en el que se estableció que sólo se denegará la ocupación del dominio público cuando se trate de una actuación perjudicial. 'Con esta medida desaparece el aspecto conservador y protector', señala.