La Agencia de Evaluación auditará los obstáculos a la creación de empresas
La eliminación de las trabas burocráticas que obstaculizan la creación de empresas y el estudio de la eficacia de las bonificaciones a la Seguridad Social son dos de los proyectos prioritarios que afronta la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas cuya andadura acaba de iniciarse bajo la dirección de Juan Antonio Garde.
Según un informe reciente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), España es junto a Portugal el país de la Unión Europea a quince en el que más trabas burocráticas existen para crear una empresa, lo que le sitúa en la cola de los países industrializados: hacen falta casi 50 días para dar este paso y pasar hasta por 10 ventanillas para ver cumplido este objetivo. Hace quince días, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Subdirección de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental, correoso nombre bajo el que se esconde el objetivo de acabar con esta situación.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, va a intentar desburocratizar el procedimiento que se sigue hasta crear una sociedad a través de esta subdirección general y también a partir del trabajo que realice la nueva Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, organismo que ha asumido como prioritaria la detección de los problemas reales a los que se enfrenta la creación de empresas desde el punto de vista procedimental en España y la propuesta de soluciones. 'æpermil;ste va a ser un trabajo prioritario para nosotros', explica el director de la Agencia, Juan Antonio Garde, 'pues estamos convencidos de que se pueden eliminar muchos de los obstáculos existentes que impiden o ralentizan la creación de empresas'.
Según los datos facilitados por el IEE a partir de un informe del Instituto de la Economía Alemana de Colonia, sólo los portugueses superan a los españoles en el vía crucis que les espera para convertirse en nuevos emprendedores.
Entre los documentos que maneja la Agencia de Evaluación para afrontar este trabajo figura uno sobre la metodología para la medición de los costes administrativos elaborado desde la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios en el que se refleja la estimación de los costes administrativos en los diferentes países de la Unión medidos en porcentajes de PIB. España aparece con un 2,9% en una banda intermedia, por debajo de países como Grecia, Hungría o Polonia, naciones donde se dan los costes más elevados. Dicho informe abarca también los efectos macroeconómicos que se derivarían de reducir en un 25% los costes administrativos (mirar cuadro).
Políticas activas de empleo
Otro de los informes que emitirá antes de finalizar el año la Agencia de Evaluación que dirige Juan Antonio Garde estará centrado en los efectos de las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social y la eficacia de las políticas activas de empleo en su vertiente presupuestaria. Buena parte de estas bonificaciones obedecen al interés del Gobierno central en fomentar la creación y el mantenimiento del empleo en los diferentes sectores productivos a través del ahorro de los costes empresariales. 'Se trata de saber', explica Garde, 'si estas medidas están resultando efectivas para los fines que se persiguen'. Lo mismo vale para medir la eficacia del gasto fiscal, otro informe de la Agencia en proyecto, que este año suma en los Presupuestos más de 51.000 millones de euros.
Antes de que finalice 2007 la Agencia tendrá que haber abordado también un informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Nacional de Reformas incluido en la Agenda de Lisboa.
Abierta la puerta a las comunidades autónomas
El consejo rector de la Agencia de Evaluación estará formado por dos representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, otros dos de Administraciones Públicas, uno de Presidencia del Gobierno, otro de Exteriores, un sindicalista y tres profesionales independientes. Falta por ver qué comunidades autónomas están interesadas en participar en dicho Consejo pues en el mismo podrán tener entrada las 17. El director de la Agencia, Juan Antonio Garde, explica que a partir de este mismo mes las comunidades ya pueden solicitar su presencia en el consejo que dirigirá su funcionamiento.Esta presencia autonómica es fundamental si se tiene en cuenta que se someterán a estudio políticas públicas que, en la mayoría de los casos, tendrán una proyección regional dado el alto número de competencias transferidas desde el Estado Central y del proceso que en este sentido se ha abierto con la mayoría de las reformas estatutarias. 'Hay que tener en cuenta', argumenta Garde, 'que el interés de la Agencia en contribuir a la mejora de los servicios públicos, introducir racionalidad en el gasto y conseguir mayor transparencia y participación de los agentes económicos y sociales, incumbe a todas las administraciones'.Con el fin de dotar a la Agencia de un rango administrativo potente que facilite su trabajo y ayude a vencer las inercias propias de la Administración, su director ha quedado adscrito directamente al ministro de Administraciones Públicas con categoría de subsecretario. 'Nuestro reto es ganarnos la credibilidad a pulso y por eso vamos a probar nuestra independencia', afirma Garde. En breve, la Agencia tendrá edificio propio.